El Congreso de Uruguay aprobó la reforma a la Ley de Comunicación Audiovisual que contenía restricciones a la labor periodística y permite una mayor concentración en el ecosistema de medios de dicho país. Tras un fuerte rechazo de periodistas y la sociedad civil, el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, interpuso un veto parcial contra la disposición más polémica de la ley, mitigando algunas de las amenazas.
Además de indígenas y representantes de organizaciones no gubernamentales o ambientalistas, desfilaron ante los jueces miembros de instituciones académicas y entes de la ONU. También integrantes de comunidades campesinas y afrodescendientes del continente americano.
En marzo, la Corte Interamericana celebró audiencias en el marco de la solicitud de opinión consultiva sobre el derecho al cuidado. ¿Qué enseñanzas y conclusiones se pueden obtener de este proceso?
El problema es que el edadismo está tan generalizado y aceptado que ni siquiera se percibe su efecto perjudicial para la dignidad de las personas mayores y ello debe ser entendido como una violación de los derechos humanos profundamente arraigada tal como sostiene la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Recientemente, la Corte Interamericana publicó su sentencia en un caso en el que decidió acerca de los derechos de la niñez y la adolescencia en el marco de la sustracción y restitución internacional de menores.
¿Por qué la sentencia de la Corte IDH sobre el caso La Oroya vs. Perú es un caso hito en el Sistema Interamericano y en la protección del medio ambiente?
José Luis Parada Sánchez, exgerente de la compañía Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), fue denunciado por irregularidades en licitación y contratación de servicios en 2008 y posteriormente, en 2015, arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el aeropuerto de Maracaibo. Durante su detención, enfrentó dilaciones judiciales, denegación de atención médica y negligencia en su traslado a centros de salud, a pesar de su diagnóstico de cáncer colorrectal.
Las y los bebés que fallecieron ingresaron a la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Pediátrica da Região dos Lagos (CLIPEL) por distintas circunstancias. Familiares e investigadores declararon haber observado irregularidades y negligencia por parte de operadores y personal médico de la clínica. Sin embargo, pese a los numerosos procesos administrativos y judiciales, los responsables fueron absueltos de homicidio culposo en una sentencia ratificada en apelación.
Violó los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad personal a no ser sometido a detención arbitraria y a recurrir ante un juez sobre la legalidad de su detención. Además, estableció que se violó a Viteri el derecho a la estabilidad laboral y concluyó que a su familia se le violaron diversos derechos.
Ambos órganos promueven la defensa de derechos humanos, pero tienen caminos y atribuciones diferentes. Como la Comisión es un órgano no jurisdiccional, sus resoluciones carecen de obligatoriedad y necesitan de la voluntad política de los Estados para implementarse y alcanzar sus objetivos.
La Corte IDH, tras avanzar en DESCA y reparaciones transformadoras, ¿limitó su alcance a consensos internos, diluyendo así su efecto real en la región? Esta situación, ¿plantea interrogantes sobre su impacto genuino?
