Producto del cambio climático, ¿es posible una protección de las generaciones futuras en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
Más de 12 años han pasado desde la expedición de la primera sentencia de la Corte IDH sobre el golpe de Estado en Uruguay, el caso Gelman, el 24 de febrero de 2011, en la que se responsabilizó al Estado uruguayo por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, así como por la supresión y sustitución de identidad de María Macarena Gelman García.
En 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Gelman. ¿Cuál ha sido el impacto de esta decisión en Uruguay?
El juez Antonio Cançado Trindade fue a menudo criticado por el formalismo jurídico a causa de su elasticidad interpretativa cuando el derecho positivo no respondía a los más “elementales dictados de la conciencia pública”.
La Corte Interamericana emitirá una opinión consultiva con respecto a las obligaciones estatales en materia de derecho al cuidado, ¿qué implicancias tiene esto y cuál es su importancia?
Con el propósito de prevenir un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas previo a examinar la solicitud de medidas provisionales y las observaciones a la misma, esta Corte estima necesario ordenar al Estado de Guatemala que se abstenga de ejecutar la decisión del tribunal nacional.
La Corte Interamericana emitirá una opinión consultiva con respecto a las obligaciones estatales en materia de emergencia climática, ¿qué implicancias tiene esto y cuál es su importancia?
La sanción que le fue impuesta tuvo un efecto amedrentador sobre él y fue desproporcionada al fin que perseguía. La aplicación de la figura penal de injurias graves en el caso bajo análisis constituyó un medio indirecto de restricción a la libertad de expresión al afectar sus ámbitos individual y social.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó su Código de Ética para Juezas y Jueces, ¿cuál es su importancia en el marco del cumplimiento de su función judicial?
La sentencia afirma que la señora Brítez Arce no obtuvo el tratamiento médico especializado y diligente que requería por cuenta de su embarazo y de los factores de riesgo consignados en la historia clínica, ni contó con información completa sobre las posibles alternativas de tratamiento y sus implicaciones. Por el contrario, fue sometida a violencia obstétrica en circunstancias que la expusieron a un riesgo que desencadenó en su muerte.
