Previamente, las investigaciones por abuso sexual que involucraban a uniformados estaban a cargo de los mandos militares, sin embargo, ahora estarán lideradas por los Abogados Litigantes Especiales. Es considerada la mayor reforma de la justicia militar estadounidense desde la década de los 50.

En la habitación que el funcionario utilizaba dentro del regimiento de Arica, personal de la PDI encontró un disco duro y un pendrive con diversa información secreta del comando conjunto norte y la Brigada “Coraceros”, contenido cuya posesión y divulgación afectan la seguridad y defensa nacional.

El recurrente cuestionó la interpretación que la magistratura militar efectuó de la palabra “licencia”, lo que fue desechado por el máximo Tribunal, al indicar que tal vocablo debe entenderse en sentido amplio incluyendo los permisos por motivos de salud, y no sólo los permisos administrativos especiales como pretendía el acusado.

El funcionario fue condenado a la pena de 12 años de presidio. En su defensa, argumentó que el hecho fue accidental y que debía ser exculpado por no existir dolo en su actuar, y en subsidio, solicitó una pena atenuada por no cometer el delito con alevosía; contradicción argumental que el máximo Tribunal calificó como improcedente.

En el año 2001 fue dado de baja al ser acusado de formar parte de una agrupación de asaltantes. En 2008 fue absuelto por la Crote Marcial, no obstante, este hecho no merma la legitimidad del acto que lo destituyó, el cual fue dictado conforme a derecho y no procede en su contra la acción de nulidad de derecho público.

Funcionarios de Carabineros condenados por el delito de cohecho, instaron en el libelo de forma principal, por su absolución e inocencia, y en subsidio, por una condena menor; peticiones contrapuestas que no se condicen con un recurso de derecho estricto.

Carabinero falsificó firma de un particular para dejar constancia de entrega de una notificación emanada de un tribunal civil, hecho que no dice relación con el delito de falsedad del artículo 367 N°5 del Código de Justicia Militar, al tratarse de un documento que no tiene un origen ni un fin propiamente militar.

El fallo recuerda que, en el referido contexto normativo, el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema acordó previamente –por resolución de 20 de enero de 2020– extender por dos años a contar del 2 de marzo de 2020 el plazo para que Rutherford integre la referida Corte Marcial, prosiguiendo como ministra en visita extraordinaria; y, posteriormente, mediante resolución de 24 de enero de 2022, se extendió por un año adicional la referida visita extraordinaria.

En la decisión la magistrada procesó a Juan Emilio Cheyre Espinoza por perjuicio fiscal por un monto total de $128.638.559. En tanto amplió los procesamientos de Fuente-Alba Poblete e Izurieta Ferrer por montos que equivalen a $50.714.559 y $95.153.689, respectivamente.

Si el único motivo que origina el recurso intentado es que no se comparte la naturaleza de la decisión de los ministros, no queda más que declararlo inadmisible.