El recurrente quiso argumentar la presunta mala fe de los concurrentes a un remante esgrimiendo la existencia de un testamento que no fue incorporado oportunamente al proceso, hecho vedado en sede de nulidad sustancial.
Privar a los reos del contacto de su familia, representa una condena accesoria, inhumana y cruel, vedada por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, alega la parte recurrente.
La empresa principal no fue condenada solidariamente al pago por diversos incumplimientos laborales y previsionales adeudados por la empresa contratista, hecho que fue enmendado por el máximo Tribunal en atención al principio de protección de los trabajadores, y el artículo 162 en relación al artículo 183-B, ambos del Código del Trabajo.
La Ley N°20.027 otorga un trato preferente a los deudores de estudios superiores, por lo que es de carácter especial y prevalece respecto de las normas en materia concursal establecidas en la Ley N°20.720.
La notificación del libelo no ha tenido la virtud de interrumpir el término de prescripción de la acción, que a ese entonces ya había transcurrido íntegramente.
El máximo Tribunal ordenó retrotraer la causa al estado de recibir a prueba la impugnación del acuerdo, pues la decisión inicial del juez de base vulneró el debido proceso del impugnante y su derecho a presentar pruebas en juicio.
El control de razonabilidad del traslado importa que el acto administrativo en que se funda debe basarse en motivos que deben explicitarse mediante una relación circunstanciada de los fundamentos de la decisión de manera que se acredite la racionalidad intrínseca.
El acreedor demandó en juicio ordinario un mutuo de dinero del que daba cuenta un pagaré suscrito por el deudor, pero no ejerció la acción cambiaria, motivo por el que la excepción de prescripción opuesta por el demandado no puede prosperar.
En atención a la naturaleza del litigio, al hacer lugar al abandono sin llamar a las partes a rendir pruebas, el tribunal impidió al demandante a controvertir la solicitud afectando su derecho a defensa.
La solicitud fue presentada por la autoridad judicial colombiana, acompañando evidencias que presumen la participación del requerido en una organización criminal destinada a ingresar migrantes a Colombia, y luego, enviarlos a diversos países de la región.
