La finalidad de las vacaciones anuales retribuidas es permitir que el trabajador descanse de las tareas que le incumben según su contrato de trabajo y que disponga de un período de ocio y esparcimiento. A diferencia de una enfermedad, un período de cuarentena no impide, en sí mismo, la consecución de estos fines.

Se les reconoce su labor durante la pandemia, con indiferencia si prestaron servicios en una empresa principal o contratista.

La Sociedad Concesionaria del Contrato “Relicitación Concesión Túnel El Melón” solicitó al Panel Técnico que recomendara que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) debe pagarle los sobrecostos derivados de retrasos en la revisión de Proyectos de Ingeniería de Detalle, modificaciones de obras y requerimientos adicionales en razón de la pandemia Covid-19.

El Panel Técnico de Concesiones acogió parcialmente una Discrepancia presentada por la Sociedad Concesionaria del Contrato “Hospital de Antofagasta” en contra del Ministerio de Obras Públicas (MOP) por sobrecostos derivados de la adopción de medidas adicionales a causa de la pandemia Covid-19.

Para luchar contra una pandemia como la de Covid-19, un Estado miembro puede prohibir los viajes no esenciales hacia o desde otros Estados miembros clasificados como «zonas rojas». También puede imponer a las personas que entren en su territorio la obligación de someterse a pruebas de detección y de guardar cuarentena.

En un contexto sin precedentes y altamente sensible, había sido aún más importante que las autoridades nacionales tuvieran primero la oportunidad de lograr un equilibrio entre intereses públicos y privados en competencia o entre diferentes derechos protegidos por el Convenio, teniendo en cuenta las necesidades y condiciones locales y la situación de salud pública, tal como estaba en ese momento pertinente.

Se inadmite la pretensión, pues se trata de un daño no real ni efectivo y meramente hipotético. Y es que por un lado es notorio que tras la pandemia el sector no solo no ha perdido clientela, sino que se ha visto estimulada con el levantamiento de las medidas restrictivas acordadas durante la pandemia, sin que haya datos para afirmar que el ciudadano ha perdido hábitos de consumo por tales medidas.

Acusa a Pfizer de participar en «actos y prácticas falsas y engañosas al hacer afirmaciones sin fundamento sobre su vacuna Covid-19, en violación de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas», según un comunicado de prensa compartido en redes sociales.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe igualdad ante la ley, la libre iniciativa económica, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que a pesar de que el objeto de la empresa es entregar servicios informáticos en establecimientos de salud y que, por tanto, no corresponde a un establecimiento de salud, el precepto impugnado la hace responsable del otorgamiento de descanso reparatorio por la pandemia.

En virtud de la normativa aplicable fueron recopilados, almacenados y transferidos datos objeto de la presente litis; mientras que se dispuso que aquellos datos “deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados”, y consecuentemente, se ha dispuesto su baja y supresión definitiva e irreversible.