El Tribunal estimó que deben sumarse los incumplimientos detectados y denunciados a las autoridades competentes, y al peligro inminente de daño al bosque nativo del lugar, que es hábitat de diversas especies animales.
La Minera Maricunga provocó un derrame de petróleo, de aproximadamente 12 toneladas, en el mes de mayo del año 2017, en sector Rancho del Gallo, en el área de los generadores del Campamento el Gallo.
El Tribunal tuvo en consideración para dictar la medida, los pronunciamientos de la SEREMI de Medio Ambiente durante la evaluación ambiental y de la Gobernación Marítima.
A juicio de los actores no es posible descartar los efectos dañinos al medio ambiente, por lo que el proyecto debió rechazarse, correspondiendo su ingreso a través de un Estudio de Impacto Ambiental.
Respecto de los hechos, actos u omisiones constitutivas de daño ambiental, alega un actuar negligente, consistente en seguir utilizando un vertedero ilegal, incluso más allá del tiempo al que el propio municipio se ha comprometido utilizarlo.
La empresa COPEC, en su calidad de tercero independiente, se sumó a los argumentos del SEA y alegó que la compatibilidad territorial del proyecto fue ampliamente abordada en la evaluación
La reclamación alega como daño ambiental, causado por la Compañía Minera, la pérdida del componente hídrico, esto es, la disminución de la cantidad física de agua que está presente en el acuífero del río Copiapó
El Consejo solicita que el Tribunal acoja la demanda y declare que se produjo un daño ambiental por culpa o dolo de Anglo American, condenándola como autora del daño a repararlo materialmente. Para ello propone que repare materialmente una vega altoandina de características similares, en términos de extensión, composición y valor ecológico, ubicada en la cordillera de la Región de Valparaíso.
La visita decretada se enmarca en la obligación que pesa sobre el Tribunal Ambiental en orden a realizar el correspondiente control de indemnidad del daño causado.
La visita se relaciona con una demanda de reparación de daño ambiental deducida por el Fisco de Chile, por extracción de aguas superficiales y subterráneas por más de 30 años en el Desierto de Atacama.
