La Ley de Defensa del Consumidor contiene normas de interpretación específicas entre las que se destaca la regla “in dubio pro consumidor”, por la cual, en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece la ley, deberá prevalecer la más favorable al consumidor.

En la sentencia, la magistrada acogió la acción tras rechazar la excepción de caso fortuito argüida por la demandada.

La responsabilidad por la atribución falsa de paternidad se rige por los principios generales de la responsabilidad civil. La antijuricidad está dada por la atribución falsa de un estado de familia, obrar antijurídico que halla su fundamento en el deber de no dañar al otro. Esto se plasma en la actitud culpable o dolosa de quien mantiene relaciones sexuales con un tercero en la época de la concepción y lo oculta al progenitor emplazado.

La demandante llevó a su hijo al consultorio Miraflores, donde luego de esperar horas para ser atendido por una crisis respiratoria, fue enviado a su domicilio, sufriendo un paro cardiaco a la salida del recinto, falleciendo 11 días después en el Hospital de la ciudad, debido a una reacción alérgica hacia uno de los medicamentos suministrados en el consultorio.

La responsabilidad del Estado emana del actuar doloso de un funcionario de Carabineros en servicio que disparó la carabina lanza gases que portaba, al rostro de la víctima, sin respetar la normativa vigente en relación a los protocolos del uso de armas.

La demanda interpuesta contra el Hospital de San Felipe fue rechazada debido a que el tribunal estimó que los demandantes no pudieron acreditar la falta de servicio, sin embargo, no se refirieron a la prueba aportada por el Servicio de Salud, limitándose a enunciarla sin efectuar ningún tipo de análisis o razonamiento. El máximo Tribunal casó de oficio el fallo impugnado e hizo lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio.

La indemnización se reconoce a título de daño moral debido a la falta de servicio del establecimiento que derivó en una deficiente atención médica luego de que la madre ingresara para dar a luz. El máximo Tribunal confirmó la decisión de los jueces de fondo de incluir en el pago indemnizatorio a los abuelos del nonato, debido al “notable sufrimiento de ver morir a un ser querido”.

En caso de pérdida de oportunidad el daño que se indemniza no es el material correspondiente al hecho acaecido sino la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación, en suma, la posibilidad de que las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera.

El requirente alega que la restricción indemnizatoria no resulta racional y vulnera sus garantías constitucionales.

El Tribunal consideró que hubo actuar negligente en el procedimiento quirúrgico que dejó con secuelas a la paciente demandante.