La empresa recolecta datos biométricos a cambio de criptomonedas, actividad en la que pueden existir vulneraciones a garantías fundamentales, como a la privacidad de datos personales sensibles, en razón de los términos y condiciones respecto de la información recolectada de esta forma por la sociedad radicada en Islas Caimán.
El derecho de acceso a la información se rige por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones, pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático.
Las publicaciones reprochadas no tienen una finalidad informativa, sino que propenden a generar una afectación en la honra de la recurrente, llamando a “funarla”.
Se infringen las normas de tratamiento de datos personales y sensibles, al atribuir al recurrente ser un mal padre por la red social.
Se enmarca en la fiscalización que realiza Fonasa dentro de sus competencias como administrador de un fondo público, y para verificar el correcto uso de los beneficios de salud que entrega a sus usuarios.
Con todo, el Contralor hace presente que en el tratamiento de estos antecedentes los funcionarios de la Superintendencia deben guardar reserva y secreto absoluto de la información que conozcan.
A pesar de no tratarse de datos de carácter sensible, el ordenamiento jurídico protege los derechos de los fallecidos –prolongación de su personalidad-, de la cual sus familiares son titulares activados en virtud del derecho de honra, privacidad e intimidad.
El máximo Tribunal considera que se trata de datos sensibles, pues se refieren a características morales de los sujetos que se encuentran cumpliendo condena.
Tal sistema registral obedece a normas propias del gobierno eclesiástico.
La evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial forma parte del derecho a la intimidad del paciente y su vulneración genera un perjuicio que amerita reparación.
El ente contralor adujo que en relación con la información a la que alude el solicitante, puede reclamarse ante el Consejo para la Transparencia por eventuales infracciones a las normas sobre transparencia activa o acceso a la información pública, por parte del Ministerio de Salud.
