No es inconstitucional la ley que asigna un valor probatorio a determinados instrumentos. El legislador puede, libremente, establecer un valor probatorio determinado o dejar entregado al juez la ponderación de los medios probatorios y puede dar un valor superior a una prueba cuando quiere despejar futuras controversias, cuando quiere alterar una carga de la prueba. En materia administrativa el estándar lo fija el artículo 35 de la Ley N° 19.880, ante el silencio del Código Sanitario.

Los agentes policiales recibieron una denuncia anónima que individualizaba completamente al acusado, acudiendo a su trabajo para detenerlo y llevarlo posteriormente a su domicilio para incautar la droga, sin una lectura previa de los derechos que le asistían, como no autoincriminarse y que podía contar con la asistencia de un abogado.

Las alegaciones de la recurrente apuntan más bien a promover una distinta valoración probatoria de los elementos informativos incorporados a juicio, lo que se encuentra vedado a esta Corte.

El efecto acumulativo de las declaraciones pudo influir en la decisión del tribunal que conoció del recurso de apelación. Por lo tanto, se violó la presunción de inocencia del demandante en virtud del artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Como resultado de estas conclusiones también se observa una violación de su derecho a un “tribunal independiente e imparcial” previsto en el artículo 6.1 del mismo cuerpo normativo.

La consulta efectuada por un agente de Carabineros, al notar un elemento tubular similar a una escopeta en la parte trasera de la camioneta en que circulaba el acusado, corresponde a una actividad investigativa mínima permitida durante el contexto de una detención por delito flagrante.

Resulta innegable que el tribunal a quo incurrió en un vicio procesal que afectó la garantía constitucional del debido proceso contemplada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución, en cuanto desarrolló la audiencia de juicio sin la comparecencia de la parte denunciante.

Las informaciones difundidas y publicadas por la demandante se referían claramente a una cuestión de interés público. El viceministro es un funcionario público y como tal debería haber mostrado un mayor grado de tolerancia.

El acusado viajaba de copiloto en un vehículo que fue fiscalizado por Carabineros, momento en que uno de los funcionarios percibió el hedor a cannabis y vio al imputado desprenderse de una bolsa que contenía marihuana, indicios suficientes para efectuar un control de identidad a todos los ocupantes del vehículo en atención al artículo 85 del Código Procesal Penal.

Las autoridades tienen el deber constitucional y legal de adoptar, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, ajustes razonables que garanticen que las personas en situación de discapacidad puedan ejercer sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones con las demás. Estos ajustes hacen parte del modelo social de discapacidad previsto por la Constitución.

La policía envió al funcionario luego de observar a una persona salir con “unos sobrecitos blancos” desde la casa de la acusada, que al ser registrada con posterioridad tenía en su poder papelillos de pasta base y dinero en efectivo producto de la venta de los estupefacientes.