El tribunal de distrito cometió un error legal al negarse a decidir si los recursos administrativos «estaban disponibles» para el recurrente. Como subrayó la Corte Suprema, la ley contiene su propia excepción textual al agotamiento obligatorio. Este requisito depende de la disponibilidad de recursos administrativos. Así, un convicto debe agotar los recursos disponibles, pero no necesita agotar los que no están disponibles.

También se impugnó la norma que faculta al juez de policía local sancionar con multa no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra, cualquier infracción a las disposiciones de la LGUC, a su ordenanza general y a los instrumentos de planificación territorial. La requirente estima que los preceptos impugnados atentan contra los principios de tipicidad, legalidad y proporcionalidad.

El requirente alegó que por no acompañar el receptor judicial la transcripción de la declaración de los testigos dentro del plazo de 10 días, previo apercibimiento se la tuvo por desistida la prueba testimonial, lo que vulnera el debido proceso, la defensa jurídica, la igualdad de armas, entre otras garantías.

El régimen de visitas es un derecho de doble vía, que garantiza el desarrollo de las relaciones entre los hijos y los padres, reforzando los lazos de unión. Este debe desarrollarse de acuerdo con el principio de interés superior del niño y todos, autoridades y particulares, deben propender por su efectivización.

No puede ser racional y justo un proceso iniciado más de dos años después de la muerte del mandante, sin que éste haya expresado específicamente su voluntad en ese sentido. Ello infringe el debido proceso y no existen los presupuestos procesales para iniciar una demanda.

La normativa nacional disponía explícitamente que las órdenes del presidente de Azerbaiyán no eran actos jurídicos normativos. Por lo tanto, la orden presidencial, que privó al actor de su nacionalidad, no pudo ser impugnada ante el Tribunal Constitucional. Tampoco pudo ser impugnada en sede administrativa, ya que el mandatario no era un órgano administrativo. Además, ni siquiera se le proporcionó una copia de la orden.

El requirente alega que al negársele el recurso de apelación en contra de la resolución que no excluyó un bien inmueble del concurso, se transgreden sus garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.

La encartada fue sorprendida portando droga al interior de la cárcel femenina de Valparaíso. La audiencia de juicio se desarrolló de forma remota, hasta que la imputada tuvo problemas de conexión, y pese a ello, el tribunal decidió seguir adelante en ausencia de la acusada, incumpliendo la regla de justificación para estas situaciones establecida en el artículo 283 del Código Procesal Penal.

Los requirentes alegan que se pretende asimilar la calidad del sujeto activo en el delito de Fraude al Fisco a quienes no tienen la calidad de funcionario público, lo que vulnera el debido proceso y la igualdad ante la ley.

El requirente alega que el precepto legal impugnado establece sanciones extremadamente gravosas y no atiende a las circunstancias del caso particular, lo que vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso, entre otras garantías constitucionales.