El SII alega que la limitación recursiva vulnera su derecho de igualdad ante la ley y al debido proceso.
Las consecuencias jurídicas de la nulidad del despido, además de tener justificación constitucional, pueden ser evitadas por el empleador cumpliendo con su obligación de enterar oportunamente las cotizaciones previsionales, o detenidas, mediante la convalidación del despido en la forma prescrita en la ley.
El acusado y otros detenidos formaban parte de una agrupación dedicada al tráfico de estupefacientes, y pese a no ser incluido inicialmente en la acusación, el Ministerio Público enmendó dicho error, lo cual no infringe las garantías procesales del acusado, ya que su defensa en todo momento tuvo acceso a la investigación para preparar el juicio oral.
Existen múltiples razones para que el Estado exija contratar sólo con empresas que cumplan con las leyes laborales -como exige el precepto legal impugnado- de manera de evitar asociar al Estado con comportamientos ilícitos que vulneren los derechos de los trabajadores
El requirente alega que se le impide reclamar de una sentencia que lo perjudica, afectándose su garantía a un debido proceso.
Los requirentes estiman que la aplicación de la norma objetada produce una discriminación arbitraria en su contra.
La requirente alega que el hecho de que se le impida apelar a la resolución lo deja en indefensión, afectando su garantía al debido proceso.
El requirente alega que la aplicación de una norma procesal común en un procedimiento especialísimo y reservado vulnera el respeto y protección de la vida privada, de los datos personales, el derecho a defensa y al debido proceso, entre otras garantías constitucionales.
El requirente estima que se le aplica arbitrariamente un procedimiento sumarísimo que vulnera sus garantáis constitucionales.
El retardo en la entrega de la evidencia conlleva una sanción al funcionario infractor, pero no implica la invalidación de la cadena de custodia. Asimismo, un error de tipeo en la cantidad de contenedores de marihuana incautados no puede ser estimado como una infracción al debido proceso, pues no desvirtúa la comisión del ilícito de tráfico de drogas por el que fue condenado el acusado.
