De la lectura del recurso se puede advertir que lo pretendido por el recurrente de amparo, es que esta Corte efectúe un nuevo control de legalidad respecto de una resolución judicial dictada por otro tribunal de alzada, en este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago, cuestión que resulta impropia a la estructura orgánica consagrada en nuestra legislación respecto de los Tribunales de Justicia.

El marco legal moldavo existente no cumple con el deber del Estado (“obligación positiva”) de establecer y aplicar efectivamente un sistema que brinde protección a las personas con discapacidad intelectual en general, y a los niños privados del cuidado de sus padres en particular, contra graves violaciones de su integridad, en contravención del artículo 3 del Convenio.

La recurrida estimó la calificación de incapacidad laboral del actor en un 55%, y el recurrente dedujo reposición para impugnar aquel porcentaje. No obstante, al rechazar la reposición, la Comisión Médica Central redujo la calificación a un 14% sin ninguna argumentación, ni motivación fundada que sostuviera aquella disminución; vulnerando de esta forma la igualdad ante la ley el de debido proceso.

El colegio falló en su deber de protección y de prevención ante situaciones de consumo de drogas. Incumplió un mandato constitucional y debió acompañar a la adolescente ante el riesgo de disposición de drogas psicoactivas y también debió garantizar su permanencia en el sistema educativo.

La sucesión procesal es una expresión de legitimidad para obrar derivada o adquirida, porque el sucesor comparece al proceso como titular de un derecho u obligación que originariamente había pertenecido otro justiciable. La finalidad de la sucesión procesal es tutelar al justiciable de verse agravada su posición procesal a causa de la muerte de la persona o enajenación del derecho discutido.

La imputada era pasajera en un taxi, y al notar la presencia de Carabineros, intentó ocultar municiones y droga que transportaba, conducta que fue percibida por los agentes que al controlar su identidad y practicar el registro a sus vestimentas, corroboraron que la acusada portaba municiones de escopeta, cocaína, y dinero en efectivo producto de la venta de estupefacientes.

La querellante sostuvo que el fallo de absolución sólo contenía la parte resolutiva, remitiendo las consideraciones y razonamientos del tribunal “al audio de la audiencia de juicio simplificado”, omisión que infringe el artículo 39 en relación con los artículos 381 y 396, todos del Código Procesal Penal.

El imputado intentó revertir el castigo argumentando que fue detenido en un procedimiento ilegal, pues nadie autorizó a Carabineros ingresar a su domicilio -lugar en que fue capturado- sin una orden judicial previa, tesis que fue desechada por la magistratura, al verificar que los funcionarios actuaron dentro del plazo para perseguir un delito flagrante según el artículo 129 del Código Procesal Penal.

El máximo Tribunal estimó que el recurrido no notificó al actor de la forma establecida por la Ley Nº19.880, vulnerando la igualdad ante la ley y lo privó de ejercer su derecho al recurso ante sus oficiales superiores, y ordenó retrotraer el procedimiento al estado anterior a la notificación de las resoluciones impugnadas.

Existe libertad probatoria para que la trabajadora evidencie que puso en conocimiento del empleador su estado de embarazo. Ello puede demostrarse mediante la notificación directa por parte de la trabajadora o contratista, pero también, por ejemplo, a través de la configuración de un hecho notorio o por la noticia de un tercero.