Si bien respecto del delito de fraude procesal no se exige el resultado (la providencia judicial pretendida), sólo debe considerarse consumado, cuando el autor en desarrollo de su actividad fraudulenta y dolosa, induzca en error al funcionario.

Solicitud de suspensión del procedimiento penal por abuso de proceso, solo debe desestimarse sumariamente si es manifiestamente frívola. Este umbral es el que mejor preserva los juicios justos, protege el derecho del acusado a la plena respuesta y defensa, y garantiza procedimientos judiciales eficientes.

De acogerse la inaplicabilidad se utilizaría al Tribunal Constitucional para crear recursos que no están reconocidos ni en la legislación sectorial y tampoco necesariamente lo están en la procesal civil, eludiendo lo mandatado por el legislador, a quien le corresponde normar en esta materia.

La víctima fue destituida por una decisión del Congreso actuando fuera de sus competencias. De esta forma, el Estado violó el derecho a que la decisión sobre la determinación de sus derechos fuera realizada por una autoridad competente conforme a la legislación interna, en relación con la garantía de la independencia judicial, que incluye la garantía a la estabilidad e inamovilidad en el cargo.

En plena audiencia de juicio, el presidente del Tribunal manifestó que la versión del testigo de descargo era poco creíble y ofició a la Fiscalía para que iniciara una investigación por el delito de falso testimonio, juicio de valor que rompió la imparcialidad del tribunal, afectando la presunción de inocencia del imputado y el debido proceso.

El requirente traslada la falta de motivación y la desproporción que atribuye al sentenciador del fondo al precepto legal que regula la multa, transformándola en un requerimiento de inaplicabilidad, lo que ya es motivo suficiente para desestimarlo porque sigue siendo, al fin y al cabo, un cuestionamiento a la decisión adoptada por el TDLC que debe ser revisada por la Corte Suprema.

El requirente alega que el precepto legal cuestionado infringe el principio de igualdad ante la ley y su garantía a un debido proceso.

El requirente alega que el precepto legal cuestionado infringe su garantía de un debido proceso y su derecho a recurrir ante una resolución abusiva.

La principal diferencia con la precisión es que la integralidad requiere no sólo la mención, sino que se haya valorado racionalmente, es decir, mientras la precisión impone la enumeración de la totalidad de la prueba rendida, la integralidad exige que la decisión sea el resultado de una consideración cabal de ésta, que se dé a conocer por qué se restó valor probatorio a un medio de prueba mientras se otorgó valor a otro.

El trabajador intentó revertir su desvinculación mediante una denuncia de tutela de derechos fundamentales, al cuestionar el proceso de evaluación docente que culminó con el término anticipado de su contrata, acusando que fue juzgado por una comisión especial, en circunstancias que siempre pudo ejercer las acciones que la ley le otorgó en el proceso de calificación.