El recurrente fue denunciado por el robo de un celular, y al acudir a su domicilio, personal de Carabineros comparó la ubicación del GPS del teléfono móvil, con aquella brindada por Gendarmería respecto de la tobillera electrónica que portaba el hechor, coincidiendo ambas posiciones, por lo que detuvieron al acusado y recuperaron la especie robada.

Sólo cuando no hay duda acerca de cuál es la norma que el legislador quiso expresar en el texto legal, puede el juez constitucional emitir una sentencia que declare su invalidez. Por tanto, la dignidad democrática de la ley se traduce en una primera consecuencia: la doctrina de la interpretación de la ley conforme a la Constitución.

El recurrente acusó que el Juzgado de Garantía no cumplió con la obligación legal de dar a conocer los fundamentos de su decisión, hecho que vulneró el debido proceso y el derecho al recurso del imputado, quien sólo tuvo conocimiento de la parte resolutiva del fallo, desconociendo los razonamientos del juez para decretar la pena.

El requirente alegó que el precepto legal impugnado contradice la Constitución en cuando concede el recurso de apelación contra la resolución que niega el desafuero, vulnerando además el debido proceso.

El imputado circulaba por la vía pública con un televisor robado oculto con una frazada, cuando advirtió la presencia de los agentes e intentó huir, acto que autorizó a la policía a efectuar un control de identidad en los términos del artículo 85 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 12 de la Ley Nº20.931.

El requirente alega que las disposiciones legales cuestionadas, de ser aplicadas, comprometen su derecho a defensa, debido proceso y transgreden la Convención Americana de Derechos Humanos.

Cadena farmacéutica estima que las normas objetadas vulneran la garantía del debido proceso y propiedad, permitiendo al organismo administrativo constituirse en una “comisión especial” que autotutela sus intereses.

El acusado fue sorprendido por las cámaras de vigilancia del sector manipulando una pistola en la vía pública, y al avistar la presencia de Carabineros arrojó el arma a un inmueble, al cual, la policía ingresó inicialmente sin autorización del dueño al estar en presencia de un delito flagrante.

La requirente estima que la limitación a su derecho al recurso produce diversos efectos inconstitucionales.

El requirente estima que las normas objetadas, aplicadas al caso concreto, resultan contrarias a su garantía a un debido proceso y propiedad privada.