El imputado quiso revertir el castigo acusando que el tribunal consideró el testimonio de la víctima sin que ella compareciera en juicio, idea que fue desechada por la magistratura al observar que la convicción condenatoria se formó con otros medios de prueba incorporados en audiencia, como la declaración de los funcionarios aprehensores.

El encartado pretendió revertir el castigo acusando que el juicio oral debió realizarse de forma presencial y no remota, tesis que fue desechada por el máximo Tribunal al verificar que el encartado renunció a su derecho a guardar silencio, declaró en juicio, en todo momento contó con la asistencia de su abogado, y el letrado pudo contrainterrogar a los testigos de cargo e incorporar pruebas.

Es una exigencia democrática considerar a una sentencia como un instrumento lingüístico que tiene el propósito de comunicar las razones de la decisión; en ese orden, se trata de motivar para comunicar, no de “motivar por motivar”. Para este propósito la redacción de la sentencia debe ser breve, simple y sencilla considerando que sus destinatarios también son personas no necesariamente conocedoras del derecho.

El acusado fue observado por Carabineros en el momento en que vendía papelillos con droga a un tercero, desde el interior de un inmueble en la comuna de Peñaflor, situación de flagrancia que habilitó a los funcionarios para entrar al sitio y levantar las evidencias encontradas, dando cuenta que el lugar era empleado como centro de acopio y comercio de sustancias ilegales.

En caso contrario, la magistratura infringe los artículos 39 y 396 del Código Procesal Penal, privando al acusado de conocer los fundamentos que el tribunal estimó para imponer la condena e impidiéndole ejercer su derecho a recurso.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y, en virtud del artículo 5 de la Constitución, el artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica, desde que a pesar de que el artículo 177 de la Ley N°20.720 consagra el recurso de forma expresa, el precepto legal impugnado niega el ejercicio del derecho al recurso

Los hechos alegados por la parte solicitante, los cuales no resultaron controvertidos por el Estado, y a la luz contexto que atraviesa Nicaragua, son susceptibles de afectar de manera seria los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas propuestas beneficiarias.

En cuanto a los Estados que mantienen la pena de muerte, existen una serie de restricciones y limitaciones establecidas en los instrumentos regionales de derechos humanos que los Estados están obligados a cumplir de conformidad con el derecho internacional. Dichas restricciones y limitaciones se basan en el reconocimiento del derecho a la vida como derecho supremo del ser humano, y condición sine qua non del disfrute de todos los demás derechos.

El máximo Tribunal sostuvo que el juez del grado no puede conformarse únicamente con dar a conocer la parte resolutiva del fallo, debido a que de los artículos 39, 381, y 396 del Código Procesal Penal, se desprende su obligación de escriturar íntegramente la decisión condenatoria, y en caso contrario, la magistratura vulnera los derechos a defensa y a presentar recurso que posee el imputado.

La indebida ausencia de información sobre la práctica del registro que se deriva de la conjunción de la ausencia del recurrente en el mismo y de la falta de comunicación posterior de dicha práctica ha supuesto una limitación del derecho a la intimidad del recurrente que no es conforme a las exigencias de proporcionalidad que la Constitución impone a la limitación de los derechos fundamentales.