El requirente alega que la aplicación del precepto en el caso concreto vulnera preceptos constitucionales, afectando la igualdad de la relación procesal.
Esto se desprende de las disposiciones contenidas en el artículo 440 y siguientes del Código Procesal Penal.
El requirente alega que se extiende la persecución penal más allá de lo que la Constitución permite, vulnerando su derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso.
El requirente alega que la aplicación del precepto en el caso concreto produce efectos inconstitucionales ya que se trataría de una norma penal en blanco que además genera efectos desproporcionados.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos en el caso concreto, producen efectos inconstitucionales.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos en el caso concreto impide al sancionado presentar descargos o defensas.
El requirente alega que se le ha negado la posibilidad de presentar prueba y defenderse en el procedimiento llevado en su contra, afectando su garantía al debido proceso.
El requirente alega que se le priva de su derecho a la acción penal sin un control judicial previo, vulnerando su garantía al debido proceso.
El requirente alega que la aplicación del precepto en el caso concreto trasgrede su garantía a un debido proceso.
El requirente alega que la disposición impugnada transgrede las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
