La recurrida omitió de manera arbitraria dar continuidad a las etapas que integran el proceso de selección y, en consecuencia, desconoció la legítima expectativa del derecho del concursante.

La omisión impidió que pudiera revisar íntegramente la resolución impugnada, lo que afectó el derecho de revisión de la sentencia del acusado.

Cuando las entidades privadas tienen la posibilidad de proferir sanciones, se activa la garantía mínima del debido proceso, lo que implica la exigencia de legalidad de la descripción de la falta y la obligación de contemplar etapas de verificación probatoria y rendimiento de descargos.

No cabe considerar como ejercicio legítimo de la libertad de expresión una reunión o manifestación a aquellos mensajes que, por su contenido o forma de expresarlos, incorporen amenazas o intimidaciones a los demás.

La institución religiosa se había negado a brindarle una alimentación especial que se adaptara a su condición de diabética y a cubrir sus gastos médicos.

La presunción administrativa que da por acreditada la comisión de una contravención infringe el derecho a un procedimiento justo y racional, y limita el derecho a la defensa.

La sentenciadora requirió a un testigo enviar un documento que no fue ofrecido en la audiencia preparatoria el que incorporó al juicio y fue sustento de su decisión.

La requirente aduce que la realización de un juicio a través de videoconferencia afecta el debido proceso, el derecho a la defensa y la igualdad ante la ley.

No es racional ni justo que por aplicación del artículo 277 del CPP, el imputado se vea impedido de apelar para que se revise si la desestimación de la prueba por parte del juez fue correcta o no.

El artículo objetado permite e incentiva la discrecionalidad del CNTV y el ejercicio abusivo y/o discriminatorio del ius puniendi estatal.