El requirente alegó que la limitación no tiene fundamento racional y vulnera sus garantías constitucionales.
Pero rechazó inaplicabilidad de la CMF respecto de los artículos 5°, inciso segundo, y 10, inciso segundo, de la Ley N° 20.285.
La entrada y registro del personal policial fue autorizada previamente por el Ministerio Público, al constatar la existencia de cultivos de marihuana en la propiedad del acusado; lugar al que la propia pareja del actor permitió el ingreso a los agentes, por lo tanto, la diligencia se efectuó conforme a derecho.
La requirente alega que la restricción recursiva lo deja sin la posibilidad de controvertir una sentencia viciosa, vulnerando el debido proceso y la igualdad ante la ley.
El requirente estima que la aplicación del precepto legal afecta su garantía constitucional del debido proceso.
La aceptación de llevar a cabo una solución amistosa expresa la buena fe del Estado para cumplir con los propósitos y objetivos de la Convención Americana en virtud del principio pacta sunt servanda, por el cual los Estados deben cumplir de buena fe las obligaciones asumidas en los tratados.
El requirente alegó que se le impide controvertir el fondo de la cuestión alegada, lo que infringe su derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso, pues sólo se concede apelación en contra de las sentencias definitivas o de aquellas resoluciones que hagan imposible la continuación del juicio.
El requirente alega que la aplicación del artículo impugnado lo posiciona en una situación de indefensión.
El control judicial de las detenciones, para constituir una salvaguarda efectiva contra las detenciones ilegales o arbitrarias, debe darse “sin demora”, “tomando en cuenta que en un Estado de Derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario y procurar, en general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia.
El requirente alega que la restricción recursiva afecta injustificadamente su derecho al recurso y constituye discriminación arbitraria en su contra.
