La requirente alega que la aplicación del precepto legal impugnado implica una transgresión al debido proceso y al principio de ejecutoriedad de las resoluciones administrativas.
El requirente alegó que los artículos 208 y 506 del Código del Trabajo al no establecer criterios o parámetros objetivos para la determinación del quantum de la multa, infringen los principios de proporcionalidad y legalidad.
La requirente estima que las normas censuradas provocan su indefensión en el proceso donde detenta calidad de víctima del delito de desacato.
La requirente estima que la exclusión de ciertos requisitos que debe contener la sentencia definitiva es un acto discriminatorio en su contra.
La prisión preventiva es una figura jurídica constitucional y legalmente permitida, y a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no se la proscribe. No se está en contra de esta medida ni está bajo cuestionamiento su permanencia; lo que resulta indispensable es advertir que para que su imposición sea válida, constitucional y convencional, debe cumplir una serie de parámetros y estándares.
El requirente alega que el precepto impugnado transgrede el principio de proporcionalidad de las penas y la igualdad ante la ley.
El requirente alegó que el precepto legal no cumplía con los parámetros constitucionales de igualdad ante la ley y el debido proceso, en relación con el derecho al recurso.
Imputado condenado por delitos de homicidio en grado consumado y frustrado, pretendió eximirse de la condena invocando errores en el tipeo de la sentencia y un cambio de calificación jurídica sin discusión previa que, en la especie, le beneficiaba.
Las alegaciones de la peticionaria no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo, pues los hechos alegados, de corroborarse como ciertos, podrían caracterizar violaciones a una serie de disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los tribunales nacionales abordaron suficientemente la cuestión de la admisión de pruebas en el caso. Nada de lo hecho por los tribunales internos al respecto amerita la intervención de esta Corte. La afirmación de la actora de que los tribunales no tomaron nota de la admisión ilegal de las pruebas de la contraria carece de fundamento.
