El voto del Presidente no dirime un empate en estos casos.
El recurrente acusó que no fue respetado su derecho a ser asistido por un abogado y a guardar silencio, sin embargo, no pudo acreditar qué elementos de su declaración resultaron perjudiciales o autoincriminatorios.
El requirente alega que el incumplimiento no le es imputable y que la aplicación del precepto legal infringe sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, del debido proceso, la propiedad y la seguridad jurídica.
En atención al principio de protección que es transversal al ordenamiento laboral, el operario puede solicitar la tutela judicial efectiva del conflicto que pone en conocimiento del Tribunal, sin que éste se encuentre en posición de privar al demandante de su derecho al debido proceso.
Los requirentes impugnaban dichas normas al estimar que afectaban el núcleo esencial de su derecho de dominio.
El requirente alega que la norma impugnada atenta contra el debido proceso.
El requirente alega que los preceptos legales afectan la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y el debido proceso.
La requirente estima que la norma impugnada vulnera su garantía al igual acceso a la justicia y su derecho a la seguridad jurídica.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera su garantía constitucional a un debido proceso.
La requirente estima que la inhabilidad aplicada es desproporcionada y limita el desarrollo de sus actividades para la comunidad.
