Norma que regula la nulidad del despido, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la disposición impugnada transgrede las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
El requirente alega que la disposición impugnada transgrede las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
El requirente alega que la imposibilidad de apelar resoluciones dictadas en el procedimiento de cobranza produce efectos inconstitucionales en la gestión pendiente.
La decisión de la recurrida transgrede la igualdad ante la ley y el derecho de toda persona a ser oído de forma previa a la adopción de una determinación desfavorable.
El requirente alega que se vulnera su derecho a la acción penal y el debido proceso.
El requirente alega que impedir a la Corte de Apelaciones pronunciarse sobre la solicitud de no innovar produce efectos inconstitucionales en la gestión pendiente.
El requirente alega se infringe su derecho de acceso a la información pública, y con ello la igualdad ante la ley y el debido proceso.
Al recurrente se le impuso la medida de separación por 364 días, aplicándosele una sanción distinta y superior a aquella señalada en el ordenamiento vigente al tiempo de ocurrir los hechos por los que fue sancionado.
El requirente alega que el precepto impugnado, al prescindir de los requisitos que deben contener las sentencias, que sí son exigidos en otros procedimientos, produce efectos inconstitucionales.
El requirente alega que se ve imposibilitado de presentar prueba crucial en la gestión pendiente, dejándolo en indefensión.
El requirente alega que prohibir oponer excepciones de carácter personal al tercero adquirente del título de crédito produce efectos inconstitucionales.