Ambas hermanas fueron detenidas mientras dosificaban marihuana y pasta base para su venta, y ambas decidieron declarar en contra de la otra luego de ser advertidas por el tribunal acerca del vínculo que las une como parientes, sin retractarse de los dichos incriminatorios entre ambas y sin alegar de forma oportuna la presunta vulneración al debido proceso.

En el año 2014, el requerido fue acusado de participar en el asesinato de un particular en la ciudad de Quevedo, Ecuador. El ministro instructor estimó que los hechos revisten la gravedad suficiente para que el imputado sea enviado de regreso a su país a enfrentar a la justicia, en atención a los antecedentes acompañados por el Estado requirente, que dieron cuenta de los indicios serios de participación del acusado.

Los demandantes fueron capaces de asumir una posición dominante sobre las mujeres que habían reclutado y de abusar de su vulnerabilidad para explotarlas con el fin de proporcionar servicios pornográficos, incluso mediante engaños. Además, habían utilizado la “servidumbre por deudas” y la coerción en diversas formas, entre otras tácticas, como medios para controlar a sus víctimas.

El acusado intentó anular el fallo asilándose que como migrante su conducta anterior en el país es irreprochable, no obstante, de su testimonio, como de los elementos encontrados en su departamento, no se desprende su conducta impoluta previa a la detención, por lo tanto, la circunstancia de no poseer extracto de filiación es indiferente a la magistratura.

El fallo emitido por la magistratura de la madre patria no cumple con el requisito establecido en el artículo 245 Nº3 del Código de Procedimiento Civil, esto es, no se notificó al demandado en España ni en Chile, por lo tanto, no pudo ejercer su derecho a defensa y, en consecuencia, el pase regio debe ser desestimado.

El acusado junto a un tercero intentó evadir un control vehicular, levantando las sospechas de la policía que al controlar al acusado observaron que intentaba ocultar más de un kilo de flores secas de cannabis.

La falta de debida diligencia en el proceso que se inició a raíz de la denuncia interpuesta y el incumplimiento de los estándares interamericanos del plazo razonable hicieron nugatorio el acceso a la justicia de la afectada en un alegado caso de violencia obstétrica y mala praxis médica cometida por agentes no estatales.

Para poner fin a las violaciones sistémicas del artículo 6.1 del Convenio identificadas en este y en casos anteriores, Polonia debe tomar medidas legislativas apropiadas para cumplir con los requisitos de un “tribunal independiente e imparcial establecido por la ley” y con el principio de seguridad jurídica.

Tras una denuncia por robo en la comuna de Recoleta, los agentes arribaron al domicilio del imputado, autorizando el ingreso el padre del autor -previa lectura de derechos y advertencia de posible incriminación-, lugar donde éste confesó el delito y entregó la especie robada a los funcionarios.

Al informar al interesado del resultado de las comprobaciones, la autoridad de control competente adopta una decisión jurídicamente vinculante. Esta decisión debe poder ser objeto de recurso para que el interesado pueda impugnar la apreciación de la autoridad de control sobre la legalidad del tratamiento de datos y la decisión de proceder o no a adoptar medidas correctoras.