La falta de debida diligencia en el proceso que se inició a raíz de la denuncia interpuesta y el incumplimiento de los estándares interamericanos del plazo razonable hicieron nugatorio el acceso a la justicia de la afectada en un alegado caso de violencia obstétrica y mala praxis médica cometida por agentes no estatales.

Para poner fin a las violaciones sistémicas del artículo 6.1 del Convenio identificadas en este y en casos anteriores, Polonia debe tomar medidas legislativas apropiadas para cumplir con los requisitos de un “tribunal independiente e imparcial establecido por la ley” y con el principio de seguridad jurídica.

Tras una denuncia por robo en la comuna de Recoleta, los agentes arribaron al domicilio del imputado, autorizando el ingreso el padre del autor -previa lectura de derechos y advertencia de posible incriminación-, lugar donde éste confesó el delito y entregó la especie robada a los funcionarios.

Al informar al interesado del resultado de las comprobaciones, la autoridad de control competente adopta una decisión jurídicamente vinculante. Esta decisión debe poder ser objeto de recurso para que el interesado pueda impugnar la apreciación de la autoridad de control sobre la legalidad del tratamiento de datos y la decisión de proceder o no a adoptar medidas correctoras.

La protección del interés superior de los menores no implicaba que la autoridad pudiera desconocer las garantías procesales y sustanciales de las que la accionante era titular por ser víctima de violencia intrafamiliar. Aun en aquellos casos en los que existe un contexto de agresiones recíprocas, las mujeres que han sido agredidas física y psicológicamente tienen derecho a ser escuchadas en los procesos ante las autoridades de familia.

La actitud nerviosa del acusado, se le “trababa la lengua al hablar y le tiritaban las manos”, dio muestras a Carabineros que se encontraba realizando alguna actividad sospechosa, por lo que el control vehicular mutó a uno de identidad y registro, resultando en que el imputado portaba marihuana y pasta base de cocaína, sustancias listas para ser comercializadas.

El acusado quiso revertir una condena de tráfico en pequeñas cantidades, acusando que fue controlado y detenido por efectuar el acto neutro de poseer dinero en efectivo, mientras se encontraba con dos sujetos que portaban droga, idea que fue desechada por la magistratura al estimar que dicho acto “neutro” debía apreciarse en conjunto con el resto de circunstancias observadas por Carabineros, las que llevaron al tribunal al convencimiento de que el recurrente efectuaba una actividad criminal.

La existencia del término de caducidad para reclamar judicialmente la responsabilidad estatal por daños antijurídicos contribuye a la seguridad jurídica, pero debe evitarse imponer cargas desproporcionadas al demandante que obstaculicen de manera irrazonable el acceso a la administración de justicia.

Se ha establecido que la obligación procesal del Estado en virtud del artículo 2 de la Convención requiere una respuesta de derecho penal, y que a las víctimas se les debe dar la oportunidad de participar en este proceso, en la medida necesaria para salvaguardar sus intereses legítimos. Esto no puede compensarse con la posibilidad de que puedan presentar una demanda civil separada, ya que dicho procedimiento no examinaría la responsabilidad penal del acusado.

La requirente ejerció el recurso de nulidad en contra de la sentencia condenatoria y en el segundo juicio oral resultó nuevamente condenado, aunque a una pena superior. El derecho al recurso no incluye la posibilidad de recurrir infinitamente, o hasta obtener una decisión favorable a las pretensiones de una parte. El derecho al recurso sólo garantiza que un tribunal superior revise la decisión de uno inferior.