El Juzgado desconoció que esta Corte ha señalado que el interés superior del menor de edad debe ser tenido en cuenta en todas las decisiones que los afectan. No interpretó el derecho de la niña a tener una familia, al amor, al cuidado, a la integridad física y a la salud de conformidad con la jurisprudencia reciente.

Las sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales o aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas

Si bien la niña tiene derecho a generar lazos con su madre y ésta a compartir tiempo con su hija, tales derechos deben ser analizados a la luz del interés superior del niño, el cual es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plano físico, psíquico y social.

El abandono físico del bien debe encontrarse acreditado de manera fehaciente e indubitable y no sobre la base de una “presunción”. Tal conforme razona equivocadamente el a quo, por cuanto el hecho que la accionante haya efectuado un “gran movimiento migratorio” no puede servir como sustento objetivo para razonar que ha existido un alejamiento de la recurrente en relación al predio, tanto más cuando el alejamiento físico del bien no genera per se una pérdida de la posesión.

Uno de los testigos de cargo -Carabinero aprehensor- al prestar su declaración a través de la plataforma zoom, tenía abierto en su computador diversos documentos de la investigación para recordar su intervención y la participación de la acusada en los hechos, situación que torna en irregular su testimonio al quebrantar la igualdad de armas y el debido proceso.

Debieron haberse implementado garantías procesales para asegurar que el mecanismo de suspensión no se utilizara arbitrariamente. A este respecto, es menester observar la importancia cada vez mayor que se atribuye a la equidad procesal en los casos de destitución de fiscales, incluida la intervención de una autoridad independiente de los poderes ejecutivo y legislativo en las decisiones que afectan al nombramiento y destitución de los fiscales.

El acusado sólo tuvo acceso a la parte resolutiva del fallo que lo condenó por el delito de amenazas a Carabinero en servicio, desconociendo los motivos que el tribunal tuvo presente para fundamentar el castigo, por lo tanto, el incumplimiento del deber de dar a conocer íntegramente la sentencia por escrito vulneró el derecho a recurso del encartado.

Al no haber probado la Comisión Europea que le resultaba imposible oír a las demandantes durante el procedimiento de adopción del Reglamento impugnado, debe considerarse que disponía del tiempo necesario para permitir a las demandantes ejercer su derecho a ser oídas. Ciertamente, la violación del principio de buena administración solo podría dar lugar a la anulación del Reglamento en cuestión en la medida en que dicha irregularidad hubiera influido en el resultado del procedimiento.

No se advierte una transgresión constitucional atribuible a las normas cuya inaplicabilidad se solicita y entendiendo que gran parte de las objeciones dicen relación con eventuales vicios en el procedimiento que deberán ser acreditados por el reclamante de ilegalidad y establecidos o descartados por el Tribunal Ambiental, el presente requerimiento no puede prosperar.

Pese a que el Juzgado de Garantía de Osorno no dio a conocer el mismo día de su dictación la totalidad de la sentencia condenatoria, puso en conocimiento de la defensa del imputado el fallo en su totalidad dentro del plazo para deducir recurso de nulidad en su contra, acción que efectivamente ejerció el acusado en tiempo y forma, descartándose de esta manera su argumento de vulneración al debido proceso.