Los requirentes alegan que la norma legal objetada infringe la libertad personal y de trabajo, desde que, con ocasión de la complejidad de los delitos imputados y la abundante prueba a rendir los acusados deberán asistir de forma presencial a un juicio de larga duración.
Tipifica nuevos delitos ambientales, agrava la responsabilidad en los delitos económicos, conocidos popularmente como “delitos de cuello y corbata”, endurece las penas y amplía la responsabilidad de las personas jurídicas.
Las empresas deberán invertir en modelos de prevención o compliance penal para gestionar riesgos por la comisión de delitos propios de su giro o actividad.
La Sala del Senado aprobó las 20 observaciones presentadas por el Ejecutivo a la iniciativa, culminando así el trámite legislativo.
El pleno afirma que es necesario que el legislador señale todas y cada una de las competencias indicadas y establezca claramente quiénes serán las instituciones dedicadas a perseguir y juzgar estas materias, y la manera en que ellas deberán coordinarse en atención a sus limitaciones presupuestarias y de personal.
La Sala del Senado aprobó gran parte del articulado del proyecto que es considerado una de las reformas más sustantivas al Código Penal en la materia. La votación continuará el próximo martes con las indicaciones y normas que se solicitó votar separadamente.
Un exhaustivo trabajo está realizando la Comisión de Constitución del Senado en torno a esta iniciativa que busca ampliar la responsabilidad penal de las empresas, sistematizar los ilícitos económicos y ambientales y establecer sanciones acordes. El Ejecutivo le fijó urgencia al trámite.
La Comisión de Constitución del Senado está analizando una iniciativa que busca que las sanciones por ese tipo de delitos sean efectivas y acordes al daño causado. Se agendó una completa ronda de audiencias.
«Se recomienda informar el proyecto valorando la voluntad de legislar en estas materias, pero haciendo presente las diversas observaciones que se han desarrollado en las páginas precedentes, algunas de las cuales pueden tener serias repercusiones respecto de la garantía constitucional del debido proceso”, advierte el máximo Tribunal.
La Sala de la Cámara aprobó en general el proyecto, iniciado en mociones, que adecua las penas del ámbito de la criminalidad económica, castigando los delitos con multas y con penas de reclusión parcial y efectiva de cárcel. La iniciativa vuelve a la Comisión de Constitución por ser objeto de indicaciones.
La Comisión de Constitución aprobó en particular el proyecto iniciado en mociones y abordó el tema de ampliar la acción penal en delitos de colusión de bienes de primera necesidad, tributarios y aduaneros.
