El Estado vulneró la garantía de estabilidad o inamovilidad en el cargo y con ella, el derecho a acceder a un cargo público en condiciones generales de igualdad, protegido por el artículo 23.1.c) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio las víctimas.
Se impone la obligación de información individualizada, y por escrito, de la existencia y contenido del Código de Buenas Prácticas a los clientes que dejaban de cumplir el pago de las cuotas hipotecarias, manifestando sus dificultades para atender el pago, desde ese momento, así como de las posibilidades de acogerse al mismo.
La magistratura desestimó el recurso de protección de un funcionario de SERNAPESCA que fue destituido luego de un sumario administrativo, al verificar que el actor en todo momento pudo controvertir y aportar pruebas que desvirtuaran los cargos que se le formularon, por lo tanto, no fue conculcado el debido proceso durante el sumario administrativo que ordenó su destitución del Servicio.
La presunción de inocencia que rige en el proceso penal no impide que se adopten medidas de protección en favor de un niño si de las evidencias se desprende que ha sido víctima de presunta violencia sexual. Lo anterior, por cuanto las autoridades competentes tienen la obligación de evitar la consumación de cualquier riesgo que pueda vulnerar los derechos prevalentes de este grupo poblacional.
Lo que no puede admitirse en modo alguno es el dictado de resoluciones judiciales sin la intervención en el procedimiento de las personas que resulten directamente afectadas por su ejecución, pues de esta forma se vulneraría el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su manifestación de derecho a la defensa y a la práctica de los medios de prueba pertinentes.
Lo anterior, no impide que el juez o presidente del Tribunal interrogue al acusado al comienzo del juicio sobre si reconoce los hechos y se muestra conforme con la más grave de las acusaciones. A continuación, comenzará el interrogatorio, salvo que el letrado del acusado le solicite que declare tras la práctica del resto de la prueba.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los derechos, ya que no existe fundamento razonable que permita comprender que sólo al Ministerio Público se le entregue la posibilidad de recurrir una vez que se excluya la prueba por infracción de garantías.
No basta para cumplir con las exigencias básicas del debido proceso que el acusado haya tenido patrocinio letrado de manera formal, sino que es menester además que aquel haya recibido una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor.
Uno de los temas centrales desarrollados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), es la asistencia jurídica letrada y efectiva, la cual consiste en el derecho de las personas privadas de libertad de contar con una defensa técnica que no solo haya sido designada, sino que actúe eficazmente durante el proceso.
La Comisión Europea no dio al recurrente la posibilidad de defender plenamente su posición acerca de la infracción que se le imputaba, vulnerando así su derecho de defensa. En estas circunstancias, no demostró debidamente que la empresa recurrente hubiera abusado de su posición dominante en el mercado del suministro de gas en Bulgaria.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de sus derechos, particularmente el derecho a la defensa y al debido proceso, ya que, la palabra “solo” de la norma impugnada, resulta un obstáculo a la aplicación supletoria de las normas contenidas en los libros I y II del Código de Procedimiento Civil.
