El demandante fue educado en condiciones de segregación, por lo que el Estado tiene el deber de tomar medidas para corregir esa desigualdad y evitar la perpetuación y la discriminación resultantes de la sobrerrepresentación de alumnos romaníes en la escuela.

El impacto que la pandemia del virus del Covid-19 tuvo en el modelo educativo del país fue grande. Estos efectos empeoraron con las graves omisiones del Estado respecto del principio de accesibilidad contenido en el derecho a la educación. Esto, porque las autoridades públicas no tomaron las medidas adecuadas y oportunas para reducir la brecha digital.

La discrecionalidad de las autoridades administrativas para ordenar la cancelación de los pasaportes de los demandantes, fue incondicional, y su alcance y la forma de su ejercicio no se definió normativamente. En consecuencia, la medida dispuesta por el ejecutivo en el contexto del estado de emergencia es arbitraria y no satisfece el requisito de legalidad.

En el evento que los establecimientos educacionales no respeten este derecho, se puede recurrir ante la Superintendencia de Educación para que se tomen las medidas pertinentes, pudiendo iniciarse un procedimiento sancionatorio en caso de eventuales infracciones a la normativa educacional.

Las instituciones educativas no pueden retener documentos académicos por falta de pago, en casos en los que se acredite que hay una imposibilidad real de pagar por parte del deudor pero una voluntad para hacerlo. Lo anterior, porque esa actuación genera una afectación desproporcionada del derecho a la educación, pues interrumpe el proceso educativo del estudiante.

Teniendo en cuenta que actualmente los estudiantes desarrollan gran parte de su vida social y privada en los espacios virtuales, razón por la cual el bullying y el ciberacoso se han trasladado a dichas esferas, consideramos importante que las entidades pertinentes incorporen dentro de su reglamento reglas específicas para la prevención del acoso digital.

No se podrá condicionar en ningún caso la incorporación, la asistencia y la permanencia de los y las estudiantes a que consuman algún tipo de medicamento para tratar trastornos de conducta, tales como el trastorno por déficit atencional e hiperactividad. El establecimiento deberá otorgar todos los apoyos necesarios para asegurar la plena inclusión de los y las estudiantes.

Pese a que la universidad tenía el deber de estudiar la situación específica de la estudiante y, en consecuencia, darle un trato diferenciado acorde con su situación, no lo hizo cuando le fue comunicada la situación de discapacidad. Al analizar la vulneración de derechos que se produjo, la universidad tenía el deber de estudiar el caso con una perspectiva diferenciada, incluyente e interseccional.

Son medidas que afectan el derecho a la vida privada, la honra, la intimidad y de la propia imagen e importan una limitación al derecho a la educación por representar una restricción provisoria o permanente a su derecho de acceso y permanencia en el establecimiento.

Los requirentes, un grupo de educadores diferenciales, alegaron que fueron arbitrariamente excluidos de bono de reconocimiento profesional.