Si bien no es ilegal ni arbitraria la extensión de los plazos para investigar, no es menos cierto que en virtud de la certeza jurídica que nos debe proveer el derecho, se hace necesario que esta investigación administrativa llegue a su fin y se dicte el acto de cierre.

Se requiere determinar la existencia de una merced de tierras otorgada con antelación al dominio fiscal y que se haya encontrado jurídicamente vigente para poder aplicar a su respecto las reglas especiales de la Ley indígena.

La campaña es arbitraria pues no tiene una justificación lógica, es producto de un mero capricho del recurrido y además es ilegal al contravenir las normas básicas de Votaciones Populares y Escrutinios, los dictámenes de la Contraloría, la Constitución y los principios de imparcialidad y probidad administrativa.

Es ilegal y arbitraria la decisión impugnada pues priva de la garantía de la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos al recurrente, al sancionarlo sin indicar expresamente los fundamentos de hecho en que se sustenta.

Se alega no haberse respetado la exigencia de llevar a cabo un procedimiento previo, racional y justo, toda vez que se vulneró el derecho del estudiante afectado con la sanción de realizar descargos y a rendir pruebas.

El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado en el procedimiento penal vulnera sus garantías constitucionales.

El requirente alega que la aplicación de los preceptos en el caso concreto infringe sus garantías a la igualdad ante la ley, debido proceso y de propiedad.

El actuar omisivo de la Ministra de Salud, atenta contra la obligación de los órganos de la Administración del Estado de brindar una respuesta frente a las solicitudes que se le formulan, conducta que deja a los recurrentes en la incertidumbre respecto de lo solicitado, sin justificación.

Con su conducta omisiva la recurrente ha privado a la actora de participar en competencias, nacionales e internacionales, lo que se traduce en un trato desigual en relación con otras organizaciones deportivas que sí han tenido la oportunidad de inscribirse en eventos deportivos.

Las recurridas no han generado el financiamiento para crear las matrículas, ni las condiciones para la entrega efectiva de la educación pública lo que se traduce en que 66 niños, niñas y adolescentes están sin colegio.