La negativa de la Universidad vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la Ley, pues, encontrándose el recurrente apto para titularse, al igual que otros alumnos de la Universidad, se le impide hacerlo.
Adolece de falta de fundamento plausible.
La requirente estima que las normas impugnadas vulneran el principio de igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente estima que la exigencia de buena conducta no contiene parámetros objetivos y da pábulo a una total discriminación lo que vulnera las garantías constitucionales que invoca.
La ley prohíbe a los prestadores exigir dinero, cheques u otros instrumentos financieros para garantizar el pago o condicionar de cualquier otra forma la atención de emergencia o urgencia.
La actora alega que la recurrida no paga un beneficio legal, cumpliendo todos los requisitos establecidos al efecto, siendo sometida a un trato desigual, carente de justificación racional, basado en diferencias arbitrarias.
El Banco vulnera la igualdad ante la ley al no exponer por qué se rechazó la solicitud de apertura de cuenta corriente. Se lo sitúa en un plano de desigualdad y de trato diverso al brindado al resto de las personas.
Sostiene que se la discrimina arbitrariamente en el ejercicio de los derechos de ley N°20.919, no obstante haber dado cumplimento a todos los requisitos exigidos y en los plazos previstos.
No existe un acto ilegal o arbitrario atribuible a la conducta de los recurridos, así como tampoco un derecho indubitado al que dar protección urgente.
La conducta desplegada por la recurrida alteró el statu quo vigente, incurriendo en una actuación contraria a derecho, toda vez que se ejecutó un acto de autotutela proscrito por el ordenamiento jurídico.
