El consumidor tiene el derecho de recibir atención y un trato digno, conforme lo establece la norma, debiéndose garantizar tales condiciones absteniéndose de realizar conductas que generen al consumidor situaciones vergonzantes o intimidatorias. Específicamente se ha previsto que la persona debe ser respetada según los criterios generales de los tratados de derechos humanos, garantizándose de esta manera condiciones de trato obligatorias para los proveedores.
La relación de causalidad entre la falta absoluta de información a la paciente y privación de su derecho a decidir la forma de dar a luz con la hipoxia padecida por el menor y las gravísimas e irreversibles secuelas padecidas por el mismo, aparece clara desde el momento en que de forma extemporánea los propios facultativos acabaron por decidir y practicar tal cesárea.
Los derechos reproductivos se circunscriben al reconocimiento de las personas de decidir libre y responsablemente si desean tener hijos, la oportunidad de la reproducción, con qué frecuencia, cuántos hijos tener, elección de la persona con quien desea tener hijos, o elegir el método anticonceptivo de su preferencia. Para tal efecto, resulta imperativo que las mujeres tengan a su alcance toda la información y todos los métodos anticonceptivos que el Estado les pueda suministrar.
La libertad de expresión no solo atañe al derecho individual de emitir y expresar el pensamiento, incluye también el derecho social a la información de los individuos que viven en un Estado democrático.
Cuando entran en conflicto el derecho al honor y la libertad de información, la prevalencia que en abstracto corresponde a la segunda debe ser ponderada de acuerdo al caso. Pero en concreto ha de estarse a la concurrencia de los siguientes tres presupuestos: interés público informativo, veracidad de la información y proporcionalidad.
Las personas que ejercen funciones públicas o de relevancia social han de soportar el riesgo de que sus derechos subjetivos (entre ellos, el honor) resulten afectados por opiniones de otras personas, en virtud del ejercicio de las libertades de información y expresión.
La libertad de expresión posee preeminencia frente al derecho al honor cuando la persona ofendida es una figura pública, y por lo tanto goza de una protección más intensa.
El Estado debe abstenerse de negar el acceso a la información pública a quienes, en ejercicio del derecho fundamental de petición, la solicitan.
Las particularidades de la circulación de información en la red, los algoritmos utilizados por las plataformas sociales, los hábitos de los consumidores de contenidos y los sistemas publicitarios modernos son algunos de los factores que explican la expansión del fenómeno.
En el reglamento general del órgano constituyente publicado en el Diario Oficial ayer, el se contemplan mecanismos para resolver consultas de la ciudadanía y también mantener publicada “información crítica” sobre su quehacer.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Pozo, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento, por concurrir la causal establecida en el artículo 84 N° 2 de la LOCTC.
