La obligación de prevención en materia ambiental impone al Estado el deber de regular, supervisar y fiscalizar las actividades que impliquen riesgos significativos al medio ambiente. Asimismo, el Estado tiene la obligación de prevenir la contaminación ambiental como parte de su deber de garantizar el derecho a la salud, la vida digna y la integridad personal, lo que a su vez conlleva el deber de proveer servicios de salud a personas afectadas por dicha contaminación.
Derecho a la salud
Corte Constitucional de Colombia ampara derecho a la salud de menor que padece artritis: entidad de salud deberá proporcionar medicamentos y hacer un seguimiento médico.
Medidas cautelares en favor de opositores al régimen nicaragüense que se encuentran privados de libertad, dicta la CIDH.
TJUE determina las condiciones en que un Estado miembro puede prohibir a las empresas no farmacéuticas la venta online de medicamentos sin receta.
Corte Constitucional de Colombia ampara derechos de adulta mayor con discapacidad a la que se le negó arbitrariamente el acceso a un hogar geriátrico.
La Constitución, la ley y el derecho internacional de los derechos humanos son claros: el Estado, la familia y la sociedad en su conjunto tienen la obligación de garantizar a los adultos mayores el ejercicio de su derecho al más alto nivel de salud y a la protección social en igualdad de condiciones al resto de las personas.
Derecho a la identidad de una menor se reconoce por Tribunal argentino que ordena regularizar sus inscripciones.
En este caso importa visibilizar que el derecho a la inscripción, emplazamiento filial y la consiguiente documentación e identificación para ciertas personas puede verse afectado de manera flagrante y evidente. Este tipo de supuestos, reedita una emergente realidad: niños invisibles los que atento carecer de su derecho primario quedan expuestos a un sinfín de perjuicios, riesgos y vulnerabilidades.
Empresa debe trasladar a trabajadora a región menos soleada para evitar su exposición al sol a causa del lupus que padece, ordena tribunal español.
El derecho al traslado se tiene cuando el trabajador reúne las circunstancias que la norma exige. El ejercicio del derecho tiene lugar cuando el trabajador lo activa girando su solicitud de traslado a la empresa. La motivación que en cada momento determine la voluntad del trabajador en hacer valer o no su derecho escapa del control de los tribunales y pertenece a la esfera íntima y compleja de cada sujeto.
Entidad de salud debe suministrar medicamentos a base de cannabis a dos mujeres por razones médicas, ordena la Corte Constitucional de Colombia.
La búsqueda de un óptimo estado de salud es inherente a la vida digna. Por lo tanto, la falta del suministro del medicamento no permite que las accionantes puedan mitigar el dolor padecido, tengan que convivir con aquel a diario y no gocen de un adecuado estado de salud. Se concluye que la entidad accionada vulneró el derecho a la vida digna de las accionantes.
Corte Constitucional de Colombia ampara derechos de una comunidad afectada por el mal estado de un puente hamaca.
El estado de infraestructura del puente hamaca representa una amenaza a la vida y a la integridad personal de la accionante y de sus agenciados. En primer lugar, la Corte insiste en que las autoridades tienen el deber de proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia.
Denegación de cirugía robótica a adulto mayor que padece cáncer se ajusta a derecho, resolvió un tribunal argentino.
La cirugía de próstata con tecnología robótica constituye la mejor alternativa terapéutica en cuanto a que disminuye los riesgos de morbilidad post-operatoria; pero no representa la única solución para la patología que presenta el paciente. Por otro lado, se trata de una “cirugía programada”, lo que determina la inexistencia del “peligro en la demora” en el reconocimiento del derecho invocado por el asociado.
CIDH dicta medidas cautelares en favor de paciente oncológico privado de libertad en Argentina.
A la luz de las recomendaciones médicas, la falta de atención médica adecuada y la situación médica actual del propuesto beneficiario, la CIDH considera, por el criterio prima facie del mecanismo de medidas cautelares, que los derechos a la vida, integridad personal y salud del hombre se encuentran en grave riesgo.
Tribunal español ordena a la autoridad reembolsar los gastos de los componentes de un implante auditivo: el ser accesorios externos y consumibles no los excluye de la cobertura médica.
Partiendo de la definición y la finalidad del implante quirúrgico (sustituir total o parcialmente una función fisiológica), éste ha de ser entonces identificado con todos los elementos precisos para la realización de su función, toda vez que tanto los componentes externos como los accesorios son imprescindibles.
Caducidad de la instancia no puede ser revocada por la mera aplicación de la perspectiva de género pues ello conllevaría establecer “una situación de privilegio”, resuelve un tribunal argentino.
La idea de interpretar la caducidad “con mayor flexibilidad” a partir de “una mirada distinta, es decir, con perspectiva de género”, conllevaría a prescindir de la inacción procesal verificada por un plazo que no se condice con el carácter expedito del amparo y a establecer una situación de privilegio soslayando la aplicación de las normas procesales que rigen el caso.
Autoridades tienen el deber de garantizar el suministro de medicamentos a personas con enfermedades crónicas y reembolsar los gastos si aquellos han adquirido directamente el medicamento, resuelve la Corte Suprema de México.
El derecho a la salud representa para el Estado la obligación de garantizar a todas las personas el disfrute de servicios de salud a través de la atención médica, cuya finalidad es proteger, promover y respetar la salud de manera preventiva, curativa, de rehabilitación o paliativa, a fin de conseguir su bienestar físico y mental, para así contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana.