La captación de imágenes en dicho lugar supone una invasión ilegítima en la intimidad que el vestuario representa, invalidando la legitimidad de la prueba así obtenida, pues tal lugar supone una prolongación de la privacidad que a toda persona corresponde en lo que es su domicilio.
Pese a que la actora obtuvo una sentencia favorable, la negativa del juez de verificar la existencia de un presunto error y de corregirlo, se convirtió en una traba irrazonable para que la decisión pueda ser cumplida toda vez que, contrario a lo señalado por la judicatura, por la naturaleza del error, de existir este sí podía ser subsanado, conforme a la ley.
Las autoridades no cumplieron con su deber de tomar todas las medidas razonables para determinar a través de un organismo independiente si una actitud discriminatoria había jugado o no un papel en el control de identidad y, por lo tanto, no llevaron a cabo una investigación efectiva al respecto.
Los registros audiovisuales tuvieron graves defectos que afectaron la posibilidad de fundar adecuadamente un recurso efectivo contra la sentencia condenatoria.
El requirente alega que se le imposibilita controvertir la falta de fundamentos de una sentencia, vulnerando sus garantías al debido proceso e igualdad ante la ley.
La requirente alega que no puede evitar se dicte una sentencia carente de motivación que lo perjudica, afectando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que no existen parámetros objetivos que regulen la emisión de dichos informes, afectando su garantía al debido proceso.
Los requirentes alegan que la normativa impugnada al negar de plano su petición de nulidad de todo lo obrado, les impide hacer valer sus derechos en juicio.
La misma resulta contraria al debido proceso por no garantizar el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, lo que no se aviene con un proceso racional y justo.
Consignación previa no se ajusta a la garantía de tutela judicial efectiva. Contraviene el derecho al recurso.
Durante la pandemia, en otras sedes jurisdiccionales se han logrado desarrollar sendas audiencias, tales como juicios simplificados y orales, en especial en todos aquellos casos en que existen afectaciones a derechos fundamentales de algunos de los intervinientes.
