Es posible que la decisión de abortar se haya tomado en soledad, pero el procedimiento en sí incluyó intervención médica y requirió tanto la presencia como la intrusión de otras personas. También destacamos que este ‘derecho a ser dejado en paz’ fue modificado por un principio limitante: el derecho no permitía a un individuo infligir daño a sí mismo o a otros.

Esta Corte rechaza tajantemente que los habitantes de Colombia vivan en un país donde sus instituciones penitenciarias no permitan que las personas antes de morir estén si quiera cerca de sus familiares como una manera de aliviar y sentirse acompañadas en ese momento tan definitivo de la vida como es la muerte.

Tomando en cuenta los antecedentes alegados y el contexto señalado, valorados en su conjunto, la Comisión estima que el requisito de gravedad se halla cumplido y que prima facie los derechos a la vida e integridad personal de las personas de la comunidad nativa kichwa Santa Rosillo de Yanayacu se encuentran en grave riesgo.

La obligación de prevención en materia ambiental impone al Estado el deber de regular, supervisar y fiscalizar las actividades que impliquen riesgos significativos al medio ambiente. Asimismo, el Estado tiene la obligación de prevenir la contaminación ambiental como parte de su deber de garantizar el derecho a la salud, la vida digna y la integridad personal, lo que a su vez conlleva el deber de proveer servicios de salud a personas afectadas por dicha contaminación.

Cuando existen motivos fundados para creer que una persona enfrenta un riesgo real de sufrir la pena capital, tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes en el país de destino, el Estado contratante tiene la obligación de no expulsar a esa persona. En este caso, los hombres se enfrentaban a un riesgo extremadamente alto de ser condenados a muerte.

Si bien la nueva ley ofrece protección a los proveedores de servicios de FIV, no aborda directamente la cuestión de si los embriones deben considerarse legalmente como niños o no. Esta laguna ha sido criticada, especialmente por los demócratas en la legislatura estatal.

Las recientes amenazas en contra de los propuestos beneficiarios, permiten evidenciar la posibilidad de que, de manera inminente, estos afronten nuevos hechos de riesgo. En consecuencia, la Comisión advierte sobre la necesidad de que se adopten medidas de protección inmediatas, así como que se efectúen las medidas de concertación correspondientes.

Los hechos alegados por la parte solicitante, los cuales no resultaron controvertidos por el Estado, y a la luz contexto que atraviesa Nicaragua, son susceptibles de afectar de manera seria los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas propuestas beneficiarias.

En cuanto a los Estados que mantienen la pena de muerte, existen una serie de restricciones y limitaciones establecidas en los instrumentos regionales de derechos humanos que los Estados están obligados a cumplir de conformidad con el derecho internacional. Dichas restricciones y limitaciones se basan en el reconocimiento del derecho a la vida como derecho supremo del ser humano, y condición sine qua non del disfrute de todos los demás derechos.

Todo ser humano es dueño de su propia vida y es libre para decidir el curso de la misma, pudiendo utilizar su cuerpo como mecanismo de protesta, incluso si esto lo conduce a la muerte. El derecho a la vida que protege nuestra Carta Fundamental no puede ser utilizado en contra de su legítimo titular para obligarlo a ingerir alimentos. Pretender que el Estado puede forzar a una persona a vivir deja al derecho a la vida desprovisto de su contenido de libertad y constituye un trato incompatible con la dignidad del ser humano, refiere el voto en contra.