Derecho a la vida

Padres deben inocular vacunas obligatorias a su hijo recién nacido pues su negativa vulnera su interés superior y el interés colectivo, resuelve un tribunal argentino.

En el caso que nos ocupa, el niño recién nacido no tiene autonomía para decidir por sí, ni capacidad para elegir y realizar acciones basadas en creencias o valores. El derecho a la vida y a la salud de quien los peticionantes representan de modo complementariamente colisiona con el derecho de los padres a tomar decisiones sobre la persona de su hijo bajo sus valores.

15 de julio de 2024

Rusia ha violado sistemáticamente los Derechos Humanos en la región de Crimea, resuelve el TEDH.

6 de julio de 2024
El procesamiento y condena de los "presos políticos ucranianos" a los que se refiere Ucrania tenía un motivo oculto: castigar y silenciar cualquier oposición política. De hecho, el caso de los “presos políticos ucranianos” fue emblemático de un patrón de procesamientos en represalia y abuso del derecho penal y de una represión general contra la oposición a las políticas rusas en Crimea.
Derecho a la vivienda digna.

Autoridades deben monitorear adecuadamente las zonas proclives a sufrir desastres naturales y adoptar las medidas necesarias para reubicar a las familias afectadas, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

En aquellos eventos en los que el inmueble se encuentre ubicado en una zona que implica un riesgo para quienes lo habitan, se puede entender que el bien no cumple con unos requisitos mínimos para ajustarse a lo que se reconoce como habitabilidad y asequibilidad adecuadas y, por tanto, no sólo se encuentra amenazado el derecho fundamental a la vivienda digna, sino también a la seguridad e integridad personal.

5 de julio de 2024
Por vulneración al derecho a la integridad física y psíquica.

Corte Suprema ordena a Hospital San Borja Arriarán operar a paciente que está en lista de espera hace 4 años.

El máximo Tribunal ordenó al nosocomio realizar la operación necesaria para que el paciente pueda superar un diagnóstico de artrosis de rodilla, e impuso un plazo de tres meses al recinto para cumplir. Asimismo, la magistratura indicó que en este caso no se respetó la calidad de adulto mayor del afectado, y se le ingresó en una lista de espera común, siendo que posee preferencia debido a su edad.

15 de junio de 2024
Estabilidad laboral reforzada.

Corte Constitucional de Colombia ampara derechos de funcionario público en situación de debilidad manifiesta y reconoce su acceso al teletrabajo.

La estabilidad laboral reforzada rige las relaciones laborales en favor de los trabajadores que por sus disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales deben ser tratados preferentemente. Así, aquellos que sufren una disminución considerable en su estado de salud durante el trascurso del contrato laboral, deben ser tenidos como personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta.

3 de junio de 2024
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Rusia debe indemnizar a defensores de Derechos Humanos que sufrieron vejámenes y amenazas por parte de los líderes de Chechenia.

Las autoridades no tomaron medida alguna para evaluar las amenazas y el riesgo que representaban para la vida de los solicitantes y no consideraron medidas para evitar que tal riesgo se materializara. Las quejas de los demandantes por la falta de investigación sobre las amenazas fueron ignoradas. Además, el relato de la mujer sobre su traslado forzoso a Chechenia había sido creíble.

30 de mayo de 2024
Derecho a la salud.

Autoridades deben implementar una política pública que permita a los familiares de pacientes ejercer como cuidadores en condiciones dignas, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

Sería aconsejable que los familiares de las personas que requieren un cuidador puedan ser contratados por las entidades prestadoras de servicios de salud para suministrar ese servicio de manera remunerada, siempre y cuando esas entidades les garanticen un entrenamiento adecuado.

25 de mayo de 2024
Recurso de protección acogido por la Corte Suprema.

Municipalidad de Santiago no puede excusarse en el estallido social y la pandemia del Covid-19 para justificar la falta de fiscalización en el barrio San Borja.

La magistratura estimó que, sin perjuicio de las acciones administrativas el municipio no puede excusarse de brindar soluciones a los vecinos que acusan vulnerado el derecho a la vida e integridad psíquica, debido a la falta de fiscalización al aumento del comercio ambulante, instalación de carpas de personas en situación de calle, deterioro de los espacios público y un notable aumento en los índices de inseguridad de la zona; le ordenó coordinarse con las autoridades respectivas para implementar paulatinamente programas de control y recuperación del barrio.

16 de mayo de 2024
En virtud del principio de solidaridad.

Órgano administrativo debe indemnizar a mujer que sufrió una trombosis tras vacunarse contra el Covid-19, resuelve un tribunal español.

La función que desempeñaba cada uno de los ciudadanos que se vacunaba, no solo le beneficiaba a él sino a toda la colectividad, y si ahora no se atendiera a quienes se han visto singularmente perjudicados a consecuencia de esta actividad individual y de trascendencia colectiva se rompería el principio de igualdad en el levantamiento de las cargas o de los peligros que acechan a la sociedad. De ahí que exista un principio de solidaridad social.

13 de mayo de 2024
Presunta falta de investigación e impunidad.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta caso a la Corte IDH sobre el colapso de una escultura de hierro que provocó la muerte de una niña en Argentina.

El Estado argentino habría incurrido en presuntas violaciones de los derechos a la vida, integridad personal y protección a la niñez, así como a las garantías procesales y protección judicial, en relación con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

5 de mayo de 2024
Para que se brinde protección a las personas beneficiarias.

CIDH da seguimiento y amplía medidas cautelares dictadas en favor de integrantes de ONG venezolana dedicada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos.

El Estado no ha adoptado ningún tipo de acción reciente para atender la situación que enfrentan los integrantes de la organización PROVEA. Lo anterior ha llevado a que los factores de riesgo identificados por la Comisión en 2015 y 2019 no se concentren solo en las personas que tienen cargos de coordinación, sino también en el resto de las personas que integran la mencionada organización.

2 de mayo de 2024
Páginade 14