Los tratamientos paliativos y el cuidado de las personas con grave estado de salud es parte de la protección de su derecho a la vida.
Debe haber una investigación efectiva e imparcial cuando se produce una privación de la vida.
La obligación de proteger la vida de las personas detenidas importa también la obligación de las autoridades de proporcionarles la atención médica necesaria para salvaguardar su vida.
Existían sólidos indicios de que, al envenenar a la víctima, los perpetradores actuaron como agentes del Estado ruso.
El Estado es responsable de las muertes producidas en el contexto médico cuando, copulativamente, se ha negado a un paciente el acceso a la salud en situaciones de urgencia médica; se acredita una negligencia médica grave y, cuando existe un nexo causal entre el acto y el daño sufrido por el paciente.
El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario de la clínica al no permitir que el paciente obtenga sus antecedentes médicos para proseguir con un tratamiento necesario para su sobrevivencia.
Los criterios de orden económico resultan derrotados al ser contrapuestos al interés superior del niño.
Las consideraciones de orden económico no deben invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida o integridad física o psíquica.
El demandante debe justificar un interés personal, demostrando que es víctima de la supuesta violación.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
