Si bien la mayoría de los Estados miembros de la OEA han abolido la pena de muerte, una minoría significativa aún se aferra a esta forma de castigo. En cuanto a los Estados que mantienen la pena de muerte, existen una serie de restricciones y limitaciones establecidas en los instrumentos regionales de derechos humanos que los Estados están obligados a cumplir de conformidad con el derecho internacional.

La limitación legal no es caprichosa, ya que el espíritu del legislador ha sido el de amalgamar, por un lado, un acto de extrema generosidad humana, como es la donación por parte de un donante vivo de un órgano de su propio cuerpo, es decir, un acto de verdadero amor; y, por otro lado, evitar el tráfico comercial de órganos de donantes vivos que conviertan la ablación en una fuente de ingresos en perjuicio del propio donante.

En el informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, del 2017, se identificó un contexto de estigmatización y criminalización a quienes convocan y participan en manifestaciones públicas, aunado a actos de amenazas y hostigamientos contra personas defensoras de derechos humanos.

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), en un fallo conocido este jueves pero avanzado el pasado 22 de marzo, donde rechaza el recurso de Vox al considerar que la Carta Magna no concibe el derecho a la vida como uno de carácter absoluto que implique una especie de «deber de vivir», sino que no puede estar «desconectado» de la «voluntad» de su propio titular.

Existen tres aspectos relevantes que deben evaluarse cuando se pretenda analizar el nivel de riesgo de un periodista que se dedica a la difusión de información, expresión u opinión en asuntos políticos, sociales o a la denuncia de situaciones ilegales: el perfil del comunicador, contenido de la información u opinión que difunde y el contexto del lugar en el cual se desempeña el periodista.

Las recurridas no indican otro fármaco o tratamiento que pueda prestar los mismos beneficios a la niña que padece una grave enfermedad.

Las resoluciones judiciales impugnadas han limitado proporcionadamente el ejercicio de los derechos de la recurrente. Motivaron la razón del ingreso obligatorio, apoyado en el bien constitucionalmente legítimo de proteger la vida y la salud del lactante.

Las personas que viven en edificios de departamentos, por las particularidades de la propiedad horizontal, deben orientar sus conductas a la buena convivencia, ya que se trata de viviendas que comparten espacios que, lo quieran o no, tienen cierta injerencia en la vida de todos los propietarios o poseedores que las habitan.

El Artículo 35.1 (criterios de admisibilidad) de la Convención permite resolver un caso solo después de que se hubieran agotado todos los recursos internos: los Estados no son responsables ante un organismo internacional hasta que hubieran tenido la oportunidad de dirimir los asuntos dentro del orden jurídico interno.

La respuesta regulatoria de las autoridades competentes no se ha actualizado a los nuevos estándares internacionales, sino que se basa en los reglamentos existentes. Estos admiten el CPF como una sustancia tolerable y no altamente tóxica. La autoridad se guía por conceptos toxicológicos y ambientales anticuados, sin consultar lo que se ha decidido en otros escenarios, como la UE y los Estados Unidos y en clara omisión de la evidencia científica sobre la materia.