La niña tenía 8 años cuando se inició el procedimiento, por lo que correspondía darle la oportunidad de expresarse, en una forma acorde a su edad y madurez, de manera que la decisión también considerara sus sentimientos, deseos o temores respecto a la forma de resolver la cuestión sometida a decisión del tribunal.
Desde el inicio del procedimiento disciplinario existe un vicio que invalida todo el actuar y las sanciones impuestas, afectándose de igual manera entonces la libertad del amparado en la condición de amenaza.
Los organismos a cargo de la investigación y decisión omitieron escuchar al alumno sancionado por supuestos actos de acoso escolar, y tampoco generaron la oportunidad para formular descargos.
Los derechos que la ley le franquea en razón de su condición de salud, corresponde que sean ejercidos por su curador ad litem.
Como bien se sostuvo en el caso “Atala Riffo y Niñas vs. Chile”, no basta con escuchar a la niña, sus opiniones tienen que tomarse en consideración seriamente a partir de que sea capaz de formarse un juicio propio, lo que requiere que sean evaluadas mediante un examen caso por caso.
No solo es el juez de la extradición, durante el trámite judicial, el que puede y debe velar por hacer efectivo el interés superior del niño, sino también cada una de las demás autoridades estatales en lo que resta del procedimiento de extradición.
La dispensa por reunificación familiar constituye una facultad discrecional de la Administración de carácter excepcional y restrictivo.
La decisión de la recurrida transgrede la igualdad ante la ley y el derecho de toda persona a ser oído de forma previa a la adopción de una determinación desfavorable.
Los preceptos impugnados referidos al debate acerca de las pruebas ofrecidas por las partes, a la unión y separación de acusaciones, exclusión de pruebas para el juicio oral, auto de apertura del juicio oral, en el caso concreto, infringen el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y la dignidad.
La sentencia impugnada cuestionó los deseos expresados por la niña, sin respetar el derecho a ser oída y el principio de autonomía progresiva, transgrediendo la Convención de los Derechos del Niño, Niña y/o Adolescente.
