Las medidas adoptadas por las recurridas no han logrado poner término a la grave situación denunciada, lo que lleva a concluir que no han dado cumplimiento a su deber de eliminar el fenómeno contaminante que motiva la acción.

La conducta de la recurrida se torna arbitraria e ilegal y afecta las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1 y N°24 de la Constitución.

El único fin del plan de cierre es conseguir el término de toda actividad del proyecto sancionado, por lo que las únicas faenas u obras permitidas son aquellas que conduzcan a dicho objetivo.

Además de afectar la calidad de vida de los vecinos, se está dañando el medio ambiente, pues se están contaminando aguas del sector, tanto potable, como de riego, y así también los suelos que son destinados a la agricultura local.

La omisión del proceso de participación ciudadana legalmente requerido deviene en ilegal, toda vez que impide el efectivo ejercicio del principio de participación consagrado en el Derecho Ambiental chileno.

De los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

El programa no contiene los mecanismos que permitirían al titular volver al cumplimiento de la normativa ambiental transgredida, relativa a la protección de la calidad del aire y la salud de la población.

La autoridad actuó fuera de su competencia, toda vez que al momento de dictarse, existían controversias pendientes en conocimiento de los tribunales superiores de justicia.

Al no tener un pronunciamiento de las autoridades sectoriales respecto de la actividad que ejecuta, la recurrida amenaza el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación.

El proyecto es susceptible de causar impacto ambiental por la posibilidad que la extracción alcance volúmenes que la transformen en industrial.