La Corte requirió al Congreso la revisión urgente de la regulación vigente en la materia, pues el ejercicio efectivo del derecho a sufragio exige una regulación específica.

La delegada de la Junta Electoral expuso al actor a un trato denigrante y oprobioso, cuando su especial condición de vulnerabilidad le exigía una mayor cortesía y empatía en su actuar.

No se demostró la existencia de un acto arbitrario e ilegal que prive, perturbe o amenace a alguno de los derechos que le asisten al recurrente, tanto en su calidad de persona, como de discapacitado.

La iniciativa pretendía incorporar un mecanismo de desinscripción voluntaria y solamente temporal del padrón electoral fijado para la próxima elección o plebiscito.

El diferente trato dispensado por el SERVEL a los recurridos no resulta ilegal o arbitrario, puesto que tiene su fuente y fundamento en el tenor expreso de las normas legales y constitucionales.

La condición de salud debe ser debidamente acreditada mediante antecedentes médicos.

Es razonable considerar la situación especial de quienes por su ocupación se ven impedidos de participar en las elecciones, estableciendo situaciones excepcionales que no fuercen al elector a excusarse de concurrir a las urnas.

“La movilidad del siglo XXI plantea la necesidad de reformular el añejo anclaje territorial en que se enclaustra la institución de la ciudadanía, mediante la creación de una nueva institucionalidad dinámica, flexible y, en definitiva, apta para un ejercicio efectivo y no discriminatorio de los derechos y deberes ciudadanos”.

La falta de capacidad cognitiva de un ser humano no constituye un elemento esencial que justifique la restricción del derecho a sufragio de una persona.

Fortaleciendo el sistema democrático mediante una mayor participación ciudadana.