La empresa no puede asilarse en su rol de intermediaria, para desligarse de la responsabilidad que le asiste al permitir que terceros injurien al recurrido, especialmente si el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación contra el actor; por lo tanto, éste puede ampararse en el derecho al olvido y exigir la eliminación de los comentarios vertidos en su contra.
Aunque hay diversos factores que pueden influir en la reputación, hay decisiones que puedes tomar para que esta mejore. Por ejemplo, eliminar datos de google para que cuando alguien vaya a buscar en Internet sobre tu marca o negocio, ya no se vea relacionada con ese pasado o noticia desfavorable.
La acción interpuesta debió haber sido dirigida contra los propietarios de tales sitios y/o autores intelectuales, a los fines de ventilar la suerte del contenido impugnado de falsedad por la actora y generador, desde su óptica, de lesiones a su honor, buen nombre e imagen.
En lo que se refiere particularmente a los motores de búsqueda, la decisión judicial de desindexar ciertas direcciones respecto de un resultado implicaría una limitación que interrumpiría el proceso comunicacional, pues al vedar el acceso a dicha información se impediría la concreción del acto de comunicación, por lo que ello configura una medida extrema.
Lo planteado en el recurso no dice relación con la inexactitud o falsedad de la noticia. Lo que se pretende es que se reconozca el denominado “derecho al olvido”, que no está reconocido explícitamente en nuestro orden constitucional.
La jurisprudencia ha establecido la distinción entre el derecho al olvido y el derecho a la desindexación, siendo este el derecho invocado en el presente caso, en el que la recurrente pretende desvincular su nombre con cuestiones de descrédito respecto a ser investigado/acusado en un proceso penal, en el que compareció únicamente como testigo. No postula la exclusión de contenidos de investigación de las bases de datos.
No obstante, las recurridas deben abstenerse de volver a publicar el reportaje, ordena la Corte.
Mantener noticias de una causa penal y condena, pero no de la situación procesal actual del condenado, se considera una información parcial, que trasgrede la función social de comunicación del medio y vulnera los derechos de honra y de igualdad de trato del recurrente.
La iniciativa busca proteger el derecho a la imagen de los menores de edad, dado en que muchas ocasiones sus imágenes son utilizadas con fines ilícitos. Además, consagra el derecho al olvido para facilitar la eliminación de los registros que vulneren sus derechos.
En el caso no habría censura, ya que se trata de noticias y difusiones que fueron reproducidas por aproximadamente 24 años. Tiempo por demás razonable para archivar noticias difamatorias en su momento que al día de hoy carecen de relevancia pública.
Toda investigación contra una persona, en cualquier nivel, sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo goza de la más alta relevancia e interés público, y constituye, a todas luces, un hecho noticioso que debe ser objeto de escrutinio a través del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información.
