No obstante, las recurridas deben abstenerse de volver a publicar el reportaje, ordena la Corte.
Mantener noticias de una causa penal y condena, pero no de la situación procesal actual del condenado, se considera una información parcial, que trasgrede la función social de comunicación del medio y vulnera los derechos de honra y de igualdad de trato del recurrente.
La iniciativa busca proteger el derecho a la imagen de los menores de edad, dado en que muchas ocasiones sus imágenes son utilizadas con fines ilícitos. Además, consagra el derecho al olvido para facilitar la eliminación de los registros que vulneren sus derechos.
En el caso no habría censura, ya que se trata de noticias y difusiones que fueron reproducidas por aproximadamente 24 años. Tiempo por demás razonable para archivar noticias difamatorias en su momento que al día de hoy carecen de relevancia pública.
Toda investigación contra una persona, en cualquier nivel, sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo goza de la más alta relevancia e interés público, y constituye, a todas luces, un hecho noticioso que debe ser objeto de escrutinio a través del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información.
La libertad de expresión posee preeminencia frente al derecho al honor cuando la persona ofendida es una figura pública, y por lo tanto goza de una protección más intensa.
El máximo Tribunal consideró que toda restricción, sanción o limitación a la libertad de expresión debe ser de interpretación restrictiva.
Tal sistema registral obedece a normas propias del gobierno eclesiástico.
La imagen publicada solo satisface la curiosidad general, pues no es un elemento imprescindible para la opinión pública ni constituye una mejora en la información entregada.
Los recurridos solo indexan la información creada por terceros, quienes actúan al amparo de la libertad de emitir opinión y de información. Para que exista vulneración de las garantías se requiere que la información resulte falsa o se encuentre sin actualizar.
