La Magistratura Constitucional señaló que el derecho al recurso no es equivalente a un “derecho a la segunda instancia”, por lo que está justificada por el legislador la limitación de los medios de impugnación disponibles para las partes en el procedimiento de cobranza.
Norma que niega recurso de apelación contra resolución que concede medida precautoria en juicios de arrendamiento de predios urbanos, no produce resultados contrarios a la Constitución.
El requirente alega que la prohibición recursiva infringe su derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso.
Los requirentes sostienen que la aplicación extemporánea de estas normas vulnera la igualdad ante la ley, el derecho al recurso, entre otros efectos inconstitucionales que produce su aplicación.
También se impugnan las normas que sancionan al empleador con la nulidad del despido. La requirente alega que son contrarias a la igualdad ante la ley, al derecho a defensa, a un justo y racional procedimiento, y no contribuyen la certeza y estabilidad de las relaciones jurídicas.
La requirente fue parte de un juicio de lato conocimiento en que tuvo la oportunidad de oponer excepciones, contestar la demanda, promover incidentes, presentar prueba e impugnar la sentencia. Tuvo la oportunidad de participar activamente ejerciendo su derecho a defensa, por lo que se le han respetado las garantías del debido proceso.
El SII alega que la limitación recursiva vulnera su derecho de igualdad ante la ley y al debido proceso.
El requirente alega que el precepto legal cuestionado infringe su garantía de un debido proceso y su derecho a recurrir ante una resolución abusiva.
El requirente estima que el precepto legal cuestionado afecta gravemente su derecho al recurso, a defensa, y al desarrollo de un proceso racional y justo.
La requirente estima que el impedimento impuesto por la norma impugnada es atentatorio contra su garantía a un debido proceso e igualdad ante la ley.
En este caso cual confluyen de forma interseccional diversas categorías de discriminación en una persona, lo que invita a reflexionar acerca del cumplimiento las obligaciones que voluntariamente asumió el Estado de Chile al suscribir diversos tratados internacionales de derechos humanos, cuyo objetivo es salvaguardar los derechos de personas que han sido históricamente postergadas.
