Vulnera el derecho a un procedimiento justo y racional.
El requirente estima que se vulneran sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente estima que no existe justificación racional para negarle la posibilidad de apelar, lo que vulnera su garantía al debido proceso.
Su aplicación infringe el derecho a un debido proceso consagrado por la Constitución y por los Tratados Internacionales.
Requirente estima vulnerada su garantía de igualdad ante la ley y debido proceso.
Vulnera los derechos a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, a la defensa jurídica y el debido proceso legal, en su vertiente, del derecho al recurso.
El requirente alega que se inhibe a la Corte Suprema de ejercer sus facultades correctivas y se vulnera su garantía al debido proceso.
El requirente, una empresa de seguridad, alega que se transgrede su garantía al debido proceso, puesto que se le impide arbitrariamente que un tribunal superior conozca de una resolución atentatoria de derechos.
El requirente estima que la restricción recursiva carece de fundamento y lo deja en indefensión en un procedimiento en el cual no fue debidamente emplazado.
Los trabajadores requirentes alegan que la aplicación del precepto impugnado agrega trabas improcedentes a la posibilidad de recurrir de nulidad.
