Se produce una actuación contraria a los deberes que han de observar todos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y que vienen recogidos en la normativa aplicable que establece el deber de cumplir las funciones o tareas que tengan asignadas.
Derecho de defensa
Tribunal Constitucional de España anula sentencia dictada contra mujer que fue obligada a practicarse una alcoholemia en un procedimiento viciado, a pesar de conducir bajo la influencia del alcohol.
Comunicado en redes sociales sobre cancelación de concierto de Guns N’ Roses en Perú, que habría limitado el derecho al reembolso de las entradas, no constituye una cláusula abusiva.
Sentencias deben ser simples, breves y sencillas, pues en caso contrario existe falta de motivación y de claridad en la comunicación, resuelve un tribunal peruano.
Sanción impuesta a abogada que tosió debido a un “problema en la garganta y el consumo de una golosina” durante una audiencia, se deja sin efecto por un tribunal argentino.
La Excma. Corte ha dicho que un llamado de atención es una sanción, y que los jueces deben hacer uso mesurado de las medidas disciplinarias a fin de no causar entorpecimiento a la labor profesional, pues son capaces de poner en peligro el libre ejercicio del derecho de defensa en juicio.
Circunstancias fácticas no contenidas en la acusación no se pueden incorporar en la sentencia para fundamentar el quantum de la pena por vulnerar el principio de congruencia, resuelve Corte de Copiapó.
Todo aquello que en la sentencia signifique una sorpresa para quien se defiende, en el sentido de un dato, con trascendencia en ella, sobre el cual el imputado y su defensor no pudieron expedir, cuestionarlo y enfrentarlo probatoriamente, lesiona el principio de congruencia.
España: Aprobado el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
Norma pionera en Europa que desarrolla los aspectos esenciales de este derecho fundamental y garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva
Tribunal General de la Unión Europea anula reglamento que gravó con aranceles a los encendedores Zippo.
Al no haber probado la Comisión Europea que le resultaba imposible oír a las demandantes durante el procedimiento de adopción del Reglamento impugnado, debe considerarse que disponía del tiempo necesario para permitir a las demandantes ejercer su derecho a ser oídas. Ciertamente, la violación del principio de buena administración solo podría dar lugar a la anulación del Reglamento en cuestión en la medida en que dicha irregularidad hubiera influido en el resultado del procedimiento.
El deber de los órganos judiciales de velar por evitar la indefensión del justiciable se proyecta especialmente en el proceso penal, resuelve Tribunal Supremo de España.
No basta para tutelar el derecho de defensa la designación de los correspondientes profesionales, sino que la realización efectiva de este derecho requiere, proporcionar asistencia letrada real y operativa.
Norma que establece que son inhábiles como testigos los trabajadores de la persona que exige su testimonio, no produce resultados contrarios a la Constitución.
Excluir el testimonio de personas que han tenido una participación determinante en los hechos puede tener una incidencia decisiva en la actividad jurisdiccional al impedir al juez ponderar sus declaraciones, fundado únicamente en la presunción subjetiva de falta de imparcialidad, es un criterio anacrónico y carente de la razonabilidad necesaria para sustentar una restricción que pugna abiertamente con un justo y racional juzgamiento (voto en contra).
Norma que restringe causales para objetar la liquidación del crédito en procedimiento de cobranza laboral, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
La requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera su garantía de igualdad ante la ley, debido proceso y seguridad jurídica.
Tribunal debe dar a conocer de forma íntegra el texto escrito de la sentencia, resuelve la Corte Suprema.
El recurrente acusó que el Juzgado de Garantía no cumplió con la obligación legal de dar a conocer los fundamentos de su decisión, hecho que vulneró el debido proceso y el derecho al recurso del imputado, quien sólo tuvo conocimiento de la parte resolutiva del fallo, desconociendo los razonamientos del juez para decretar la pena.
Decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de facilitar copia de material pornográfico infantil a la defensa de imputado por delitos sexuales no es legal o arbitraria, resuelve la Corte Suprema.
La medida se justificó en la imposibilidad del abogado del inculpado de acceder a la totalidad de los antecedentes de la carpeta investigativa.
No afecta el derecho de defensa que declaraciones de funcionarios policiales no se encuentren registradas en la carpeta investigativa si se conoce sobre qué depondrán.
La infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso.