El requirente alega que el precepto legal impugnado establece sanciones extremadamente gravosas y no atiende a las circunstancias del caso particular, lo que vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso, entre otras garantías constitucionales.
El voto del Presidente no dirime un empate en estos casos.
El acto impugnado busca subsanar una brecha remuneracional observada en la Dirección de Vialidad.
El requirente alega que se le obliga a vender su inmueble a un precio muy inferior al de mercado, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que no puede controvertir una sentencia atentatoria de derechos, lo que vulnera sus garantías constitucionales.
El requirente alega que la restricción recursiva resulta arbitraria, vulnerando sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso.
El requirente alega que se contravienen las normas del proceso penal de manera arbitraria, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente estima que la norma en cuestión posibilitó un acto administrativo arbitrario y atentatorio de garantías fundamentales.
El requirente alega que se le impide arbitrariamente terminar con el procedimiento, vulnerando sus garantías constitucionales.
Los requirentes estiman que la disposición consagra una diferencia perjudicial y carente de razón, además de infringir las normas de formación de la ley.
La resolución impugnada constituye un acto desprovisto de motivación racional, que no satisface el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley Nº19.880.
