En el presente caso, está claro que ambas partes esperaban recibir el producto de la póliza de seguro de vida. Sin embargo, las consideraciones residuales favorecen a la actora, dado que su contribución al pago de las primas en realidad mantuvo viva la póliza e hizo posible el derecho de la demandada a recibir el producto tras la muerte del causante.

La administración de una comunidad de dueños de departamentos dedujo recurso de protección para resolver esta irregularidad, en circunstancias que posee reglamento interno que castiga la práctica de “arriendos por el día”, debido a que el edificio tiene un rol habitacional y no de hospedaje.

El recurrente no puede acusar un dominio de los derechos que importan al cargo al estar nombrado a contrata, además, el cambio de funciones amerita una disminución de sus emolumentos, y finamente, desde su ingreso al servicio el actor ha estado en diferentes grados desde el 14° al 8°, por lo que la decisión no es ajena a la realidad patrimonial del funcionario.

Las condiciones de funcionamiento del aparato climatizador resultan incompatibles con el cumplimiento de las normas comunitarias, y ello con independencia de que el mismo se encuentre dentro de la propiedad de la demandada, pues si bien en principio el propietario podrá usar su piso según le convenga, la propiedad no es un derecho absoluto pues tiene limitaciones, constituyendo regla fundamental que la propiedad no puede llegar más allá de lo que el respeto al vecino determina.

La AFP Plan Vital pagó el monto correspondiente al tercer retiro del 10%, solicitado por un afiliado que mintió al indicar no tener deudas alimentarias. El Tribunal de Familia de Limache ordenó la retención judicial de dichos fondos, orden que no fue obedecida por la entidad excusándose en un error computacional, acto que vulneró el derecho de propiedad de la recurrente.

La congregación acusó el ingreso clandestino y violento de terceros a un inmueble de su propiedad. Los ocupantes han destruido parte de las instalaciones y cobran sub arriendos a terceros que ocupan las cabañas de descanso, situación que no encontró respuesta en la autoridad administrativa competente. El máximo Tribunal dispuso un plazo de dos meses para el desalojo y ordenó a las autoridades municipales y ministeriales disponer los medios para ello, así como de instalaciones de alberge provisorias.

La actuación de la Municipalidad no es arbitraria al estar fundada en el resguardo de las vías y espacios públicos y en el libre tránsito que se debe permitir a los peatones y los vehículos, refiere el voto en contra.

Es al órgano jurisdiccional, dentro de las facultades inquisitivas que van ínsitamente vinculadas a estos arbitrios, a quien concierne exclusiva y excluyentemente determinar respecto de quién se otorga la protección, y el cómo, el cuándo y la forma en que materializará la misma.

Las imágenes difundidas donde se observa a funcionarios penitenciarios en el ámbito de sus funciones en el contexto de la posible comisión de un delito contra una persona a su cargo, determina un desplazamiento del derecho a la intimidad en favor del deber estatal de investigar y sancionar la posible comisión de crímenes, máxime cuando pueden importar – como en este caso – graves violaciones de derechos humanos.

Conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N°19.728, que establece un seguro de desempleo, para que los afiliados tengan derecho a una prestación por cesantía, deben reunir, entre otros requisitos, el señalado en su letra d), esto es, encontrarse cesante al momento de solicitar la prestación.