La magistratura estimó que la expulsión de los recurrentes vulneró la igualdad ante la ley, y fue realizada mediante un acto que no observó las reglas del debido proceso, al aplicar la sanción más severa del reglamento interno de la agrupación, sin brindar ninguna posibilidad a los actores para que pudieran controvertir o aportar pruebas que desvirtuaran los cargos formulados.
Los fallos de los tribunales pueden ser revisados y reclamados mediante las acciones que la ley otorga para tal efecto a las partes, siendo improcedente la revisión de la resolución de un juez por vía cautelar.
En el libro, el profesor Poyanco analiza la jurisprudencia constitucional de ocho países (Alemania, Italia, Portugal, España, Brasil, Colombia, Perú y Chile), además del Tribunal Europeo de DD.HH. y la Corte Internacional de DD.HH., mostrando cómo se entiende en la actualidad el problema de la justiciabilidad de los derechos sociales.
La Sala del Senado aprobó el proyecto aprobatorio del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Protocolo de San Salvador». No obstante, senadores de gobierno hicieron presentes sus abstenciones debido a que este acuerdo «nos pone en la disyuntiva de entregar facultades soberanas a organismos internacionales».
El texto añade nuevos derechos garantizados como son, entre otros, la igualdad de oportunidades, la dignidad en el trabajo y el derecho a la vivienda.
