La magistratura negó lugar al desafuero de la funcionaria, al verificar que el tiempo de su contratación databa desde enero del año 2021, época diferente a la indicada por el Servicio, que afirmaba que ingresó en junio de 2022 a uno de los SAMU bajo su dirección. Tal contradicción hace improcedente el desafuero, debido a que la demandante siempre estuvo en conocimiento del estado de gravidez de la empleada, y la siguió llamando para cubrir reemplazos.
El sentenciador otorgó especial relevancia al carácter transitorio de la contratación, motivada por la ausencia temporal de quien lo servía.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que rechazó desaforar a la trabajadora, cuyo contrato a plazo fijo, mutó a indefinido.
El máximo Tribunal revocó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal del ente contralor, al no interpretar retroactivamente el dictamen que estableció que las funcionarias públicas contratadas a honorarios gozan de fuero maternal.
Al actor señala que el actuar de la Alcaldesa riñe con el derecho a la defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia y fuero maternal. Aplicando medidas que no son racionales ni justas y que han dejado a la funcionaria en total y absoluta indefensión.
El máximo Tribunal estableció que en el libelo deducido no se advierte, de forma precisa, cuál es la materia de derecho que la recurrente pretende unificar.
