El actor adujo que, el director del nosocomio de Antofagasta carecía de la facultad para rechazar un recurso que buscaba revertir la destitución impuesta por un sumario, en circunstancias que el artículo 36 letra f) del D.F.L Nº1 sitúa al Director del recinto como el jefe de dicho servicio, por lo que el sumario y destitución alegados se ajustaron a derecho.
Concejales acusaron a la Alcaldesa de notable abandono de deberes y contravenciones graves a la probidad administrativa.
Para permitir que el principio de probidad se haga realidad, la Ley adopta diversas medidas: establece inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos, describe conductas que “contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa” y establece deberes positivos derivados de la probidad, como la necesidad de prestar ciertas declaraciones para acceder a cargos públicos.
En el libelo presentado ante el Tribunal Electoral acusan, entre otras irregularidades, el incumplimiento en las formas legales en la prórroga del contrato del Casino de la ciudad.
La proporcionalidad apunta a la congruencia entre la entidad del daño provocado por la infracción y el castigo a imponer.
La relación que existe entre la ciudadanía y las autoridades que conforman el Poder Judicial es la misma existente entre un mandante y un mandatario, por ende, los jueces y ministros deberían rendir cuentas a la ciudadanía, se afirma en la iniciativa.
Además, se constató que se cumplieron con las diversas etapas y actuaciones que la normativa prevé para tramitar el procedimiento sumarial.
El ente contralor se limitó a emitir un pronunciamiento sobre la legalidad del proceso sumarial, pues no le corresponde la determinación de aplicar una medida disciplinaria.
No hubo un retraso o inactividad injustificada por parte de la Administración.
La institución recurrida instruyó sumario administrativo contra el actor y dictó su baja de inmediata por mala conducta.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
