La Corte Suprema indicó que, los 30 días que estipula el artículo 137 del Código de Aguas para reclamar las resoluciones de la DGA, deben ser computados como un plazo administrativo, y no le resulta aplicable la regla del artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, que considera el día sábado como hábil.
No procede que la DGA modifique el listado de derechos de aprovechamiento afectos al pago de patente por no uso en razón de la renuncia de éstos formulada con posterioridad a su inclusión en dicha lista.
La Corte de Santiago declaró inadmisible el reclamo de ilegalidad por extemporáneo, debido a que aplicó las reglas de los plazos judiciales considerando como día hábil el sábado, cuando lo que correspondía era considerar inhábil los días sábado y domingo, debido a que la resolución reclamada era de naturaleza administrativa, y no judicial.
La actora alegó que no era necesario contar con la recepción de las obras, sino que bastaba con la finalización de las obras de captación y uso de las aguas para eximirse del pago de patentes por no uso, argumento que fue desechado por la Corte.
Al momento de solicitar ante la Dirección Regional de Aguas la constitución del derecho de aprovechamiento, la actora no acompañó el permiso de uso de suelo pendiente de emisión por el Ministerio de Bienes Nacionales, hecho que no puede ser obviado por la judicatura, pues de hacerlo, contradice texto expreso de un Decreto Supremo.
El recurrente acusó la ilegalidad de la sanción indicando arbitrariedades en el proceso administrativo y la falta de oportunidad probatoria. No obstante, no fue capaz de acreditar que las obras de modificación no se llevaron a cabo.
El decaimiento del procedimiento administrativo sólo puede operar si, entre el inicio del mismo y la dictación de la resolución terminal, transcurre el plazo de 6 meses, no pudiendo considerarse para el cómputo de dicho plazo el tiempo utilizado en resolver los recursos presentados en contra del acto terminal.
En la implementación segura de los sistemas y sitios web deben aplicarse estándares de desarrollo, compatibilidad y las directrices principales de las normas internacionales y nacionales sobre seguridad.
La excepción a dicha autorización se refiere a obras ejecutadas o financiadas por organismos públicos.
Las autorizaciones administrativas no habilitan para perjudicar a terceros, de lo contrario el desarrollo de dichas actividades justificadas en dichas concesiones constituiría un abuso del derecho.
Establecimiento del caudal ecológico mínimo es una concreción del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
