La actora acusó que fue informada como morosa en el boletín comercial, en circunstancia que la deuda observada se produjo por una estafa, error que fue advertido por DICOM que eliminó a la recurrente del registro, por lo que el recurso de protección fue desestimado por la magistratura por falta de oportunidad.
Si bien no se transgreden actualmente los derechos invocados por el actor debido a que se eliminaron sus antecedentes del registro de morosos, la Corte acogió el recurso y ordenó al Banco tomar todas las medidas necesarias para evitar que vuelvan a suceder los hechos denunciados.
A pesar que la empresa se excusó en que un tercero ajeno publicó la información en la base de datos, el máximo Tribunal desechó el arbitrio al estimar que con este argumento se pretendía incorporar un hecho no asentado a la causa.
Al satisfacer con este acto lo solicitado por el actor, el recurso interpuesto carece de oportunidad.
El actuar de la recurrida ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 N°21 de la Constitución, en cuanto la publicación de la morosidad afecta directamente su prestigio comercial y con ello la posibilidad de desarrollar su actividad económica sin perturbación alguna.
El actor sostiene que las recurridas han emitido un pronunciamiento sobre la existencia de la deuda, y la exigibilidad de esta, y en base a ello ha resuelto mantenerlo en sus registros como moroso.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
Se trata de una moción que modifica la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, para prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar servicios y acciones de salud.
La Ley 19.628 establece un derecho personalísimo al titular de los datos almacenados para solicitar un registro actualizado de éstos, siempre que haya transcurrido a lo menos seis meses desde la anterior solicitud.
El conocimiento de este asunto ha sido regulado por el legislador, por lo que, cabe rechazar el recurso al no ser la vía idónea para el conocimiento de esta materia.
La recurrida actuó por cuenta y riesgo de su mandante.
