El recurrente acusó que la universidad le exigió el cumplimiento de todos los requisitos para optar al puesto de “Profesor asociado B”, en circunstancias que a los otros postulantes les requirió cumplir a lo menos con tres de los requisitos, tal como lo establece el texto expreso del reglamento de jerarquización docente de la casa de estudios; por lo tanto, existió un acto de discriminación arbitraria en contra del académico.
Los actores son ex miembros del ejército que obtuvieron la baja no honorable tras hacer pública su orientación sexual, lo cual estaba prohibido por la antigua ley «Don’t ask, don’t tell”, revelaciones que quedaron registradas en sus documentos de baja. Esta situación ha afectado sus posibilidades de empleo y de optar a ayudas sociales.
El requirente alega que el precepto legal impugnado establece sanciones extremadamente gravosas y no atiende a las circunstancias del caso particular, lo que vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso, entre otras garantías constitucionales.
El requirente alega que la falta de efecto suspensivo de estos incidentes atenta contra su garantía a un justo y racional procedimiento, a la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.
Se configuró una discriminación basada en la apariencia física en relación con el género, por motivos ineficaces para justificar las restricciones impuestas al personal masculino relativas a la identificación del personal de la aerolínea y preservar su imagen. Se basan en la percepción social de la apariencia física de los géneros masculino y femenino, que no puede constituir un verdadero y determinante requisito profesional para justificar una diferencia de trato entre mujeres y hombres.
Se deben observar las recomendaciones y dictámenes de los órganos internacionales competentes, que destacan la importancia de permitir que los candidatos pertenecientes a grupos minoritarios utilicen su lengua materna en las campañas electorales a fin de garantizar que las personas pertenecientes a dichos grupos accedan a las elecciones en igualdad de condiciones con otros ciudadanos.
La requirente estima que la reducción “prudencial” del mínimo de la subasta resulta discriminatoria y desproporcionada.
La requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera su garantía de igualdad ante la ley, debido proceso y seguridad jurídica.
El requirente alega que la aplicación de la norma vulnera la garantía de la igualdad ante la ley, la prohibición de discriminación arbitraria, el principio de proporcionalidad y la garantía de la seguridad jurídica.
No existe ninguna justificación para el trato diferenciado a favor de la mujer. No se entiende cuál es la finalidad de esta diferenciación por razón del sexo o género. Si hubiese dispensado el mismo trato al varón, obviamente la mujer no se habría visto perjudicada. Normas legales como la cuestionada atentan contra la anhelada igualdad de género.
Cinco funcionarios del departamento de salud del municipio de Alto Biobío fueron cesados en sus cargos, al no poseer ideas políticas afines con las del alcalde de la comuna, lo que vulneró la legítima expectativa en la renovación del contrato, así como el derecho a no ser discriminado arbitrariamente.
